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Sindicatos demandan a Trump por cancelar contratos de negociación colectiva en agencias federales

El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que instruye a 18 agencias a anular sus contratos sindicales, amparándose en una disposición de la Ley de Servicio Civil Federal.

Donald Trump

Donald TrumpMandel Ngan / AFP

Sabrina Martin
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Una coalición de sindicatos presentó una demanda contra la Administración Trump tras la firma de una orden ejecutiva que obliga a varias agencias federales a suspender sus acuerdos de negociación colectiva. La medida ha sido calificada por los sindicatos como un intento de reprimir su activismo en defensa de los trabajadores.

La orden y su justificación

La semana pasada, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a 18 agencias a anular sus contratos sindicales, amparándose en una disposición de la Ley de Servicio Civil Federal que permite exenciones en entidades vinculadas a la seguridad nacional.

Sin embargo, los sindicatos argumentan que esta justificación es solo una excusa para debilitar su influencia. En su demanda, argumentan que la verdadera motivación de la Casa Blanca quedó expuesta en un documento informativo adjunto a la orden, donde se criticaba a los “sindicatos federales hostiles” que, según la Administración, habían “declarado la guerra a la agenda del presidente Trump” mediante acciones legales para frenar sus políticas.

Acusaciones de violaciones constitucionales

En la demanda, los sindicatos sostienen que la orden atenta contra la Primera Enmienda al penalizar a los trabajadores por su libertad de expresión y derecho a petición. Además, acusan al gobierno de infringir la Quinta Enmienda al ignorar contratos vigentes sin seguir un debido proceso.

Este no es el primer desafío legal contra la medida. Días antes, el Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro ya había presentado su propia demanda con argumentos similares.

Estrategia legal de la Administración

Lejos de limitarse a defenderse, la Administración Trump tomó la iniciativa legalmente al presentar su propio recurso en Texas. En este, busca que un juez declare la legalidad de la cancelación de los contratos. La selección de este distrito, donde un solo magistrado tomará la decisión, podría indicar que el Gobierno busca una vía rápida hacia la Corte Suprema.

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