Las naciones democráticas deben desafiar las distorsiones legales de la CPI por el bien de Israel y el suyo propio

¿Está a punto la Corte Penal Internacional de dictar órdenes de detención contra altos dirigentes políticos y militares israelíes? Esa es, sin duda, la opinión de algunos profesionales del derecho en el ecosistema de la Corte en La Haya, y tal vez esta misma semana. Cualquier acusación por crímenes internacionales dentro de la jurisdicción de la CPI no puede hacerse con una base legal sólida en tiempos de guerra.

El tribunal no ha podido llevar a cabo ninguna investigación sobre el terreno en Gaza y quizá no pueda hacerlo hasta dentro de muchos meses. Esto significa que cualquier medida de este tipo tendría una motivación política, destinada a socavar la capacidad de Israel para defender a sus ciudadanos de la violencia terrorista.

Dado lo mucho que está en juego en la región y la implicación directa de Estados Unidos en el conflicto, es inconcebible que el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, emita acusaciones sin la aprobación y quizá incluso el aliento activo de la Casa Blanca.

"Hemos sido muy claros sobre la investigación de la CPI: no la apoyamos, no creemos que tengan jurisdicción", declaró en una rueda de prensa la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Ante la proximidad de las elecciones presidenciales y con el deseo de ganar votos tanto de los partidarios como de los detractores de Israel, Biden lleva meses tratando de frenar la legítima defensa de Jerusalén, al tiempo que respalda su esfuerzo bélico. Esto equivale a una vergonzosa duplicidad en un momento en que el aliado más cercano de Estados Unidos en Oriente Próximo necesita un apoyo incondicional.

Miembros de la Administración Biden y sus aliados políticos también han mostrado una extraordinaria hostilidad hacia el primer ministro democráticamente elegido de uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos, que se remonta a mucho antes de que comenzara esta guerra. ¿Qué mejor manera ahora de amontonar presión sobre Israel y tratar de arrastrar a su primer ministro que cargar directamente contra Netanyahu, así como contra su ministro de Defensa y su jefe de Estado Mayor?

La mera amenaza de una medida tan peligrosa también abre otras oportunidades engañosas para que Biden coaccione a Israel. Tal vez pueda acceder a rebajar la presión de la CPI a cambio de concesiones por parte de Jerusalén, como la retirada de Rafah, algún tipo de alto el fuego prolongado o compromisos sobre la inminente batalla contra Hezbolá en el sur del Líbano.

Si la CPI sigue adelante con sus acusaciones previstas, estará haciendo el juego a Irán y Hamás. De hecho, este tribunal canguro estaría haciendo su trabajo sucio bajo el cínico disfraz de lo que ridículamente llama "justicia". Muchos creen que Teherán pretendía con la invasión de Hamás el 7 de octubre desbaratar la normalización entre Israel y Arabia Saudí, que en aquel momento parecía inminente.

No parece que la guerra en sí vaya a conseguirlo, pero los cargos penales internacionales contra dirigentes israelíes podrían asustar a los saudíes. Eso sería muy perjudicial para las perspectivas de estabilidad regional y envalentonaría aún más a Irán. Y mientras Hamás se prepara para luchar desde su último bastión en Rafah, su única posibilidad de sobrevivir como amenaza militar para Israel y la autoridad gobernante en la Franja de Gaza es que las FDI se vean obligadas a poner fin a la guerra.

Eso no va a ocurrir porque el gobierno israelí tiene el deber absoluto de defender a sus ciudadanos contra la agresión de Hamás. Pero las acusaciones de la CPI sin duda animarían a Hamás a seguir luchando. En resumen, la CPI y sus patrocinadores clandestinos en la Casa Blanca reducirían las perspectivas de una paz más amplia en Oriente Medio, contribuirían a prolongar el conflicto de Gaza y disminuirían las perspectivas de liberación de los rehenes de Hamás.

También hay implicaciones más amplias. Sean cuales sean los cargos reales que presente la CPI, ya estén relacionados con la muerte de civiles, con la ayuda humanitaria o con ambas cosas, validarían la estrategia de Hamás de utilizar a los civiles como armas de guerra. Con ello se pretende impedir directamente que las FDI traten eficazmente a los terroristas incrustados en la población civil, provocando la indignación internacional.

El mismo principio se aplica al secuestro por parte de Hamás de la ayuda humanitaria tanto para reforzar a sus propios combatientes como para aumentar el sufrimiento de los civiles. Hemos visto los efectos de estas estratagemas asesinas en organismos internacionales como la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia, en los campus universitarios y en las calles de nuestras ciudades.

El uso de civiles como armas también ha sido ampliamente empleado por los grupos yihadistas, incluso en Afganistán e Irak contra las fuerzas de la coalición, y esto continuará en el futuro, especialmente con el tipo de estímulo que estamos viendo desde La Haya. La acción de la CPI contra Israel que, según nuestras propias evaluaciones, incluso desde el interior de Gaza, ha estado luchando esta guerra estrictamente de acuerdo con las leyes de los conflictos armados, haría mucho más difícil para cualquier nación democrática defenderse contra este tipo de agresión.

No les quepa duda de que las democracias occidentales que están dispuestas a utilizar la fuerza militar legítima en defensa de su pueblo están firmemente en el punto de mira de la CPI. El fiscal ha intentado presentar cargos contra Estados Unidos y el Reino Unido por las operaciones en Irak y Afganistán, hasta ahora sin éxito. La motivación política del tribunal se hace evidente cuando se considera que sus acciones contra Israel, Estados Unidos y el Reino Unido violan en realidad su propia Carta, que le permite intervenir sólo cuando las propias autoridades legales de un Estado no pueden o no quieren actuar por sí mismas.

Cada uno de estos tres países cuenta con sistemas judiciales independientes establecidos desde hace tiempo y respetados internacionalmente, con un historial de investigación y, en caso necesario, de castigo de los acusados de crímenes de guerra. De hecho, Karim Khan afirmó en diciembre que Israel cuenta con "un sólido sistema destinado a garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario".

La anterior administración estadounidense trató de proteger a sus propios ciudadanos y a los de los países aliados de las perversas investigaciones de la CPI, habilitando sanciones contra funcionarios del tribunal. En sus esfuerzos por apaciguar a la CPI, la Orden Ejecutiva pertinente fue rescindida por Joe Biden. Esto supone nada menos que una vergonzosa traición a los líderes y soldados estadounidenses, así como a sus aliados.

Si la CPI sigue adelante con sus acusaciones previstas, Estados Unidos debería restablecer dicha protección para Israel, que al igual que Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma fundacional de la CPI. Sin embargo, con la probabilidad de que la Casa Blanca tenga sus huellas dactilares en todo este plan, eso sólo va a suceder a través de la presión política interna concertada que se necesita con urgencia.

Más allá de Estados Unidos, cuando en 2021 la CPI deliberó sobre su jurisdicción sobre Israel, en un movimiento sin precedentes siete Estados miembros de la CPI presentaron una petición contra la legitimidad del proceso legal propuesto. Ha llegado el momento de que todos los gobiernos democráticos, en su propio interés y en el de Israel, hagan frente a esta perversión jurídica que amenaza con causar un daño incalculable a la seguridad mundial.

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