Un juez nominado por Obama ordena reponer a la hija de James Comey y limita el poder de Trump sobre el DOJ
El Departamento de Justicia sostuvo que los fiscales federales ejercen poderes "conclusivos y exclusivos" del presidente bajo el Artículo II de la Constitución y que, por tanto, el Congreso no puede regular ni limitar su destitución.
Un juez federal de Nueva York dictaminó este lunes que el Departamento de Justicia (DOJ) de Donald Trump actuó de forma ilegal al despedir en julio de 2025 a la fiscal Maurene Comey, hija del exdirector del FBI James Comey, nombrado por Barack Obama en 2013 y destituido por Trump en 2017, y ordenó su reinstalación retroactiva. La sentencia supone un revés judicial para la Administración, que ya ha anunciado que recurrirá la decisión.
El juez Jesse Furman, del Distrito Sur de Nueva York y nominado por Obama en 2011, concluyó que el cese de Comey vulneró la separación de poderes, la Ley de Reforma del Servicio Civil y sus derechos al debido proceso.
"Sí, el fiscal general está autorizado por ley a destituir a un fiscal federal adjunto", afirmó Furman. "Pero el fiscal general... también está sujeto a las limitaciones que impone la ley... y solo puede hacerlo de una manera concreta y por motivos específicos".
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Qué ordenó el tribunal
Furman ordenó que Comey sea readmitida de forma retroactiva en su puesto de fiscal auxiliar y que reciba los salarios atrasados correspondientes desde el 16 de julio de 2025 hasta el 20 de diciembre, fecha en la que aceptó un empleo en un despacho privado. La decisión no la obliga a abandonar su actual trabajo ni resuelve todavía su reclamación por una presunta violación de la Primera Enmienda, sobre la que el juez ha pedido más argumentos por escrito.
La fiscal había demandado al Departamento de Justicia tras su despido sumario, alegando que fue eliminada "total o sustancialmente" por las críticas de su padre al presidente Trump o "por su supuesta afiliación y creencias políticas". El fallo, sin embargo, se centra en los defectos legales y procesales del cese, no en una conclusión de que el propio Trump ordenara personalmente la destitución.
La defensa de la Administración Trump
El DOJ sostuvo que los fiscales federales ejercen poderes "conclusivos y exclusivos" del presidente bajo el Artículo II de la Constitución y que, por tanto, el Congreso no puede regular ni limitar su destitución. Así lo resume el fallo del juez Furman. Esa tesis se apoya en la doctrina conservadora de la unidad del Ejecutivo, según la cual la política de persecución penal debe responder al presidente elegido democráticamente y no estar sujeta a las restricciones del servicio civil aplicables a otros empleados públicos.
El juez Jesse Furman rechazó de plano ese argumento. En su dictamen escribió: "El Tribunal concluye que los demandados están equivocados". Añadió que el argumento del Gobierno de que el artículo II impide al Congreso regular la destitución de los fiscales federales auxiliares "contradice casi dos siglos de jurisprudencia del Tribunal Supremo". Y advirtió que aceptar la tesis del Ejecutivo "supondría alterar el equilibrio establecido por el sistema constitucional de esta nación".
Un caso de alto perfil
Maurene Comey trabajó casi una década como fiscal federal auxiliar en Manhattan y participó en causas de gran repercusión, entre ellas las relacionadas con el productor musical Sean “Diddy” Combs, el delincuente sexual Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, única excolaboradora de Epstein procesada penalmente por su papel en sus actividades.
Su padre, James Comey, fue destituido por Trump en 2017 mientras dirigía la investigación sobre posibles contactos entre la campaña republicana de 2016 y Moscú. Desde entonces se ha convertido en uno de los críticos más visibles del presidente. En abril fue acusado por una publicación en Instagram con las cifras “8647”, que el Departamento de Justicia interpretó como una amenaza; Comey niega haber amenazado la vida del presidente.
Próximo paso: la apelación
Mientras se resuelve el recurso, la orden judicial obliga al Departamento de Justicia a pagar los salarios atrasados y a corregir el expediente laboral de Comey. El fallo deja abierta una cuestión central para la Administración: hasta dónde puede llegar la autoridad del presidente sobre los fiscales federales sin chocar con las garantías procesales reconocidas por los tribunales.
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