El expediente de Delcy Rodríguez: objetivo de la DEA, lavado de activos, nexos con el "oro de sangre" al sur del Orinoco y supervisora de la temida policía política del chavismo

Tres nombres ostentan hoy el poder en Venezuela bajo el tutelaje de Washington. El acusado por narcoterrorismo Diosdado Cabello, uno de los líderes del Cártel de los Soles y encargado del aparato represivo chavista; Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional oficialista —cuya legitimidad es desconocida ampliamente por la comunidad internacional— y hermano de la “mujer fuerte” de, al menos, este momento: Delcy Rodríguez, quien cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y se reunirá este 23 de septiembre, a puerta cerrada, con el presidente Donald Trump en el Lotte Palace Hotel a las 19:40 hora local.

Hace dos décadas atrás, en pleno auge del gobierno ya autoritario y socialista del difunto Hugo Chávez —antecesor de Maduro— el nombre de Delcy Rodríguez sin dudas hubiese sido el menos cercano a los círculos del poder de estos tres nombres. De hecho, hubiera sido la candidata de sucesora chavista más improbable, ya que Rodríguez se llevaba muy mal con “El comandante”, producto de un tono de comunicación poco afable, directo y, según trascendidos, “groseros” para con el propio Chávez, quien toleraba poco la disidencia incluso en su núcleo de aliados. Sin embargo, con la muerte de Chávez y el ascenso de Maduro a Miraflores, Delcy Rodríguez empezó a amalgamar poder como pocas. Diversos reportes, informes independientes y evidencia pública la dibujan haciéndose con las relaciones exteriores de Caracas —generando alianzas estratégicas importantes en China, Medio Oriente, Rusia, Europa y EEUU—, llegando a la Vicepresidencia del país, controlando las minas ilegales del Sur del Orinoco en la deforestada Amazonía venezolana, manejando las rutas del lavado de activos y también siendo la jefa de la cadena de mando del aparato represivo chavista.

Este último detalle es paradójico para Rodríguez, pues su padre, Jorge Antonio Rodríguez, un activista estudiantil de extrema izquierda involucrado en movimientos guerrilleros, murió bajo custodia estatal en los setenta. Él fue detenido por participar en el afamado secuestro del empresario estadounidense William Niehous, que atrajo cobertura mundial en su época. Décadas después, su hija, Delcy, fue responsable directa de la cadena de custodia que terminó con cientos de secuestros políticos e ilegales, casos de torturas documentados e incluso asesinatos extrajudiciales. Básicamente, diversos crímenes de lesa humanidad ampliamente documentados. La diferencia es que, en la Venezuela de los setenta, los responsables de la muerte del padre de Jorge y Delcy Rodríguez fueron juzgados. En la Venezuela chavista, la justicia aún está por verse y, en el caso de la actual líder chavista, quizás eso sea difícil de verse, porque Transparencia Venezuela apunta que se preparó extremadamente bien para la Venezuela post-Maduro.

Bajo la lupa de la DEA

La Administración para el Control de Drogas (DEA) mantiene a Rodríguez bajo investigación desde, al menos, 2018, según documentos obtenidos por The Associated Press y confirmados por más de media docena de agentes estadounidenses, actuales y retirados.

La agencia, incluso, la catalogó formalmente como "objetivo prioritario" en 2022, designación reservada para sospechosos con "impacto significativo" en el tráfico de drogas. Su nombre figura en casi una decena de investigaciones abiertas en oficinas de la DEA repartidas entre Sudamérica y Estados Unidos, desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York, varias de las cuales continúan activas, según el reporte.

Pese a ese expediente, Washington nunca la acusó formalmente, a diferencia de otras figuras chavistas como el propio Maduro, Diosdado Cabello o el exministro de Defensa Vladimir Padrino López y más de una decena de altos funcionarios de su entorno. "Ella estaba en ascenso, así que no sorprende que pudiera convertirse en un objetivo de alta prioridad dado su cargo", explicó a AP el exfiscal federal Kurt Lunkenheimer, aunque remarcó una distinción importante: "el asunto es que, cuando la gente habla de ti y te conviertes en un objetivo de alta prioridad, hay una diferencia entre eso y contar con evidencia que respalde una acusación formal".

David Smilde, profesor de la Universidad de Tulane que estudia Venezuela desde hace tres décadas, expuso que esta, quizás, es la carta de peso que tiene la Casa Blanca sobre Rodríguez: "Ella seguramente lo sabe, y eso le da influencia al gobierno estadounidense sobre ella. Puede que tema que, si no hace lo que exige la Administración Trump, podría terminar con una acusación formal como la de Maduro".

Ese expediente incluye también señalamientos concretos de lavado de dinero. Un informante confidencial le aseguró a la DEA en 2021 que Rodríguez utilizaba hoteles en la paradisiaca Isla Margarita "como fachada para lavar dinero", según los mismos documentos revisados por AP.

Oro de sangre en el estado Bolívar y corrupción en España

A pesar del lavado de activos y el presunto manejo de rutas del narcotráfico, el oro es, sin dudas, el capítulo más recurrente en su historial. En febrero de 2020, por ejemplo, autoridades de Aruba decomisaron casi una tonelada de oro venezolano —932 kilos, valorados en $50 millones— en un avión que debió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Reina Beatrix, según reportó Infobae en su momento. El piloto reveló que la aeronave había despegado desde una pista clandestina cerca de Ciudad Bolívar, capital del Estado Bolívar, en plena zona de explotación aurífera, con destino final probable en los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades investigaron entonces si el cargamento estaba ligado a Rodríguez y a su hermano Jorge, quienes mantendrían "un búnker de operaciones" en la zona, algo que es un secreto a voces tanto en la capital del estado como en las ciudades mineras propiamente dichas como El Callao, los Pijiguaos, Tumeremo, entre otras.

Ese mismo año, documentos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, revelados en el marco del llamado "caso Koldo" —el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del mandatario izquierdista Pedro Sánchez—, mostraron que Rodríguez negoció directamente con el comisionista Víctor de Aldama la venta de 104 barras de oro venezolano, valoradas en $68,5 millones, transportadas de Moscú a Caracas vía Zambia y camufladas como "material sanitario". Los mensajes intercambiados por la aplicación Threema exponen una relación de extrema confianza entre ambos. "Ya me voy a tener que poner el apellido Rodríguez también jajajaja", le escribió Aldama; ella respondió, según el informe, "Siii! Ya estás en la familia". El cargamento se coordinó apenas semanas antes de que Rodríguez aterrizara en Madrid, pese al veto de entrada que la Unión Europea mantenía sobre ella.

Esto fue reportado principal por los principales medios de prensa en España —ABC, El Mundo, El País—y de Hispanoamérica, en un caso que se sumó al otro escándalo protagonizado por la líder chavista en España, comúnmente conocido como ‘Delcygate’.

Aquel episodio, ocurrido en enero de 2020, fue cuando Rodríguez viajó a Madrid con unas 40 maletas, pese a tener prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones europeas, y pasó horas dentro del aeropuerto de Barajas reuniéndose con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, el mismo que hoy es investigado en el caso que terminaría destapando lo del oro. Según trascendió después, fue el propio Ábalos quien la invitó a España, y fue el presidente Pedro Sánchez quien lo felicitó por "evitar una crisis diplomática" tras la escala, según mensajes que salieron a la luz años más tarde. Ábalos, acorralado por la filtración del encuentro, dio versiones contradictorias en su momento, asegurando, en primera instancia, que Rodríguez "estaba de tránsito", y luego que en realidad se había reunido con el ministro de Turismo venezolano, no con ella. El caso fue archivado judicialmente meses después, pero en 2024 la propia investigación del caso Koldo reveló indicios suficientes para que la justicia española evaluara reabrirlo.

De hecho, su nombre resurgió en ese mismo expediente español en mayo de este año, cuando un auto judicial vinculado a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero la identificó bajo el alias "La Dama". Según reportes en España, intervenciones telefónicas incorporadas a la causa muestran a los integrantes de la red describiéndola como la pieza clave para asegurar el negocio petrolero: "La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos". El juez del caso, José Luis Calama, sostiene que Zapatero operaba como el "núcleo decisor y estratégico" de una trama de tráfico de influencias, con particular interés de delegaciones chinas en acceder al crudo venezolano a través suyo.

En todo caso, el poder de Rodríguez sobre el oro del estado Bolívar y sus nexos turbios en España están ampliamente documentados. Incluso, fuentes consultadas por VOZ en el estado Bolívar, en el epicentro de la minería aurífera ilegal en el sur del país, aseguran que el nombre de los hermanos Rodríguez circula con frecuencia entre pobladores y trabajadores mineros de la zona. Esa percepción coincide con lo documentado por organizaciones como SOS Orinoco, que monitorean el llamado Arco Minero del Orinoco, una franja de 112.000 kilómetros cuadrados —del tamaño de Portugal— que Maduro declaró zona de explotación minera en 2016. "Delcy Rodríguez tiene sus minas, es un secreto a voces", dijo la antropóloga Cristina Burelli, fundadora de esa organización. "Ella viaja mucho al Estado Bolívar, hay fotos de ella recorriendo minas. Todo el mundo sabe que ella tiene minas".

La represión también la salpica

Ese historial convive con su control directo sobre el aparato de inteligencia y represión del chavismo. Desde que asumió la vicepresidencia en 2018, y al menos hasta 2021, Rodríguez fungió como supervisora directa del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política venezolana señalada durante años por la ONU y por organizaciones de derechos humanos como responsable de torturas, tratos crueles y detenciones arbitrarias de opositores. Según un informe de Transparencia Venezuela, ese cargo le otorgaba responsabilidad política y mando jerárquico directo sobre el organismo.

La cercanía con esa estructura represiva no se diluyó tras la caída de Maduro. A inicios de 2026, ya como líder interina respaldada por EEUU, Rodríguez nombró comandante de la Guardia de Honor Presidencial a Gustavo González López, exdirector del SEBIN señalado por la propia ONU de ordenar detenciones arbitrarias y torturas durante su gestión. Meses después, en un gesto cuestionado donde buscó mitigar las críticas internacionales, calificó públicamente el funcionamiento de la prisión El Helicoide —sede histórica del SEBIN— como "un error", y anunció su transformación en un espacio comunitario. Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, sostienen que el patrón de persecución del organismo continúa activo bajo su mandato.

A ese expediente se suman las sanciones internacionales que Rodríguez acumuló antes de llegar al poder. Canadá la sancionó en 2017; Estados Unidos, en 2018, al describirla como pieza clave para que Maduro pudiera "solidificar su régimen autoritario"; también fue sancionada por Suiza y la Unión Europea, mientras que Colombia le prohibió el ingreso al país en 2019. Ninguna de esas medidas, sin embargo, equivale a una acusación penal formal, y todas antecedieron al actual acercamiento entre Rodríguez y la Casa Blanca, que le ha costado muchas críticas en términos reputacionales a la Administración Trump entre las comunidades venezolanas y cubanas al sur de la Florida, con las midterms a la vuelta de la esquina.