Grupos progresistas presentan una demanda contra la ley que exige los Diez Mandamientos en todas las aulas públicas de Luisiana
La legislación, promulgada la semana pasada por el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, representa un hecho histórico al convertirse en la primera de su tipo en el país.
Los Diez Mandamientos
Este lunes, varios grupos progresistas presentaron una demanda conjunta contra la nueva ley de Luisiana que exigirá la exhibición de los Diez Mandamientos en todos los salones de clases de las escuelas públicas del estado de Luisiana.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado y la Fundación Libertad de Religión llevaron el caso al Tribunal de Distrito de Estados Unidos, argumentando que la normativa podría alienar a los estudiantes no cristianos y que viola la diversidad religiosa y la libertad de conciencia de los estudiantes y sus familias.
“Presiona inconstitucionalmente a los estudiantes para que observen, veneren y adopten las escrituras religiosas favoritas del estado”, indica la demanda.
Por otro lado, los defensores de la HB 71 aseguran que los Diez Mandamientos tienen un significado histórico y jurídico fundamental en la historia de los Estados Unidos, además de servir como base para el sistema legal del país.
La ley
La legislación, conocida como HB 71, fue firmada por el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, la semana pasada, marcando un hito al convertirse en la primera en su tipo en el país. Esta exige que los mandamientos sean mostrados en carteles de tamaño considerable tanto en las aulas de las escuelas primarias, intermedias y secundarias públicas como en las universidades estatales.
La ley también autoriza, pero no exige, la exhibición de otros documentos históricos en las escuelas públicas K-12, como el Pacto del Mayflower, la Declaración de Independencia y la Ordenanza del Noroeste. También establece que no es necesario que las instituciones paguen por estas exhibiciones, permitiendo en su lugar que acepten fondos o donaciones para cubrir estos costos.
Con la demanda presentada, el debate sobre la legislación que entraría en vigor a partir de 2025, se trasladará ahora a los tribunales, donde se decidirá si la ley infringe la Constitución de los Estados Unidos.
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