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Trump firmó un acuerdo de 100 millones con el bufete de abogados Skadden para servicios legales pro bono

El presidente sostuvo que la firma enfocará sus esfuerzos pro bono en apoyar a veteranos y otros servidores públicos, incluyendo “miembros de las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden y muchos más”. 

El presidente Trump en el Salón Oval/ Mandel Ngan

El presidente Trump en el Salón Oval/ Mandel NganAFP

Agustina Blanco
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El presidente Donald Trump anunció el viernes un acuerdo con el prestigioso bufete de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, mediante el cual la firma se compromete a proporcionar al menos 100 millones de dólares en servicios legales pro bono “durante la Administración Trump y más allá”.

Este pacto se produce en un contexto de tensiones entre la Administración Republicana y varios bufetes de abogados importantes, a los que Trump ha apuntado con órdenes ejecutivas por considerar que realizan “investigaciones contra el presidente y otros” y por “participar en prácticas que socavan la justicia y los intereses de Estados Unidos”.

Trump describió la acción como “esencialmente un acuerdo” y expresó su satisfacción, diciendo: “Apreciamos mucho que hayan venido a la mesa”.

Aunque el presidente no ha emitido una orden ejecutiva específica sobre Skadden, la Administración había insinuado que más firmas podrían ser blanco de medidas similares. 

El acuerdo entre las partes estipula que Skadden no negará representación a clientes de “grupos políticamente marginados, que históricamente no han recibido representación legal de importantes firmas de abogados nacionales”. 

Además, la firma enfocará sus esfuerzos pro bono en apoyar a veteranos y otros servidores públicos, incluyendo “miembros de las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden y muchos más”, según afirmó Trump. 

El presidente también destacó que Skadden se compromete a practicar “la contratación, promoción y retención basadas en el mérito” y a financiar al menos a cinco becarios mediante un fondo de becas.

La orden ejecutiva de Trump

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que cancela contratos federales con WilmerHale, acusándola de usar su trabajo pro bono para fines partidistas, apoyar la discriminación racial, obstruir medidas contra la inmigración ilegal y degradar las elecciones. También critica a la firma por emplear a Robert Mueller tras su investigación sobre Trump y alega discriminación interna. La Administración señala que se revisarán sus prácticas bajo el Título VII para garantizar cumplimiento con las leyes de derechos civiles, como parte de una estrategia para responsabilizar a bufetes que, según Trump, actúan contra los intereses de Estados Unidos.

No es el primer acuerdo

Este no es el primer acuerdo de este tipo alcanzado por la Administración Trump. La semana pasada, el bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison también acordó proporcionar 40 millones de dólares en trabajo pro bono para causas respaldadas por el gobierno y contratar a un experto externo para revisar sus prácticas de contratación. 

Controversias

El anuncio del acuerdo con Skadden no estuvo exento de controversia.  

Por su parte, una ex asociada de la firma, Rachel Cohen, publicó un “aviso de renuncia condicional” en LinkedIn, que se volvió viral, en el que instaba a Skadden a resistir las presiones del presidente. “Si seguir esta trayectoria profesional exige que acepte que mi industria permitirá que un gobierno autoritario ignore a los tribunales, me niego a llevarlo más lejos”, escribió Cohen.

Mientras tanto, otros bufetes han optado por la vía legal para enfrentar a la Administración. 

Horas antes del anuncio del acuerdo con Skadden, Jenner & Block y WilmerHale presentaron demandas separadas contra la Administración Republicana por órdenes ejecutivas que consideran represalias, según reportó el New York Times.

El acuerdo con Skadden marca un nuevo capítulo en la estrategia de la Administración Trump de presionar a grandes firmas legales con la intención de neutralizarlas por participar en prácticas para socavar la justicia.

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