Los últimos ocho meses han sacudido la fe de muchos judíos estadounidenses en el futuro de su comunidad. El aumento del antisemitismo, especialmente en los campus universitarios, destrozó cualquier ilusión de que el odio se limitaría a los pantanos febriles del extremismo. Por muy grave que pueda ser esa amenaza (y no se debe subestimar su importancia), la comunidad judía tendría también que reflexionar sobre cuán segura puede estar en Estados Unidos si no puede confiar en sus normas democráticas y su Estado de derecho.

El procesamiento y la condena del expresidente Donald Trump en un tribunal de la ciudad de Nueva York por cargos dudosos y mediante un proceso judicial que es, en el mejor de los casos, cuestionable, nos obliga a hacernos esa pregunta.

Rompiendo normas y precedentes

No es necesario ser admirador de Trump, o siquiera estar pensando en su boleta para noviembre, para abordar este tema y considerar las consecuencias de un procesamiento partidista contra un expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca. Trump es una figura singular en la historia política nacional. Rompió todo tipo de precedentes con su comportamiento y discurso, antes, durante y después de su presidencia. Pero en este punto, lo mismo puede decirse de sus oponentes, quienes parecen creer que su inédita monstruosidad no sólo permite sino que obliga a quebrar reglas y precedentes para impedirle gobernar mientras era presidente, frustrar su reelección hace cuatro años y, ahora, evitar que logre un segundo mandato.

En este debate, cualquier discusión sobre qué lado es peor puede entenderse como un fútil cruce de acusaciones que acaba justificando lo injustificable. Basta decir que cuando asumió el cargo en 2017, Trump rechazó la idea de presentar cargos penales contra sus oponentes políticos. En particular su contrincante demócrata en las elecciones, Hillary Clinton: el entonces presidente entendió correctamente -en un ejemplo más bien raro de elevación por sobre las trincheras partidistas- que continuar con la retórica irresponsable del "Lock Her Up!" ("¡enciérrenla en prisión!") era lo último que necesitaba el país, independientemente de que un fiscal partidista pudiese haber resucitado cargos contra la exsecretaria de Estado por violación de las reglas del manejo de información clasificada.

Tanto el juicio como el veredicto de culpabilidad constituyen una forma de interferencia electoral que ambos partidos describirían como propia de una república bananera si estuviera ocurriendo en otras latitudes.

Pero sus oponentes, indignados ante la idea de que Trump ocupara la Casa Blanca, no correspondieron. Promovieron el engaño de la colusión con Rusia (una teoría de conspiración según la cual era un agente ruso para quien Moscú robó la elección) durante años y luego le iniciaron un impeachment por un cargo partidista de retención a la ayuda extranjera a Ucrania. Los oligarcas de Silicon Valley que controlan la plaza pública virtual y los principales medios de comunicación conspiraron, asimismo, para suprimir historias sobre la corrupción de la familia de su oponente en 2020.

Todo aquello se hizo con la convicción de que el magnate era un enemigo de la democracia, aunque cuando fue presidente no se comportó de tal manera. Su reacción a los resultados electorales de 2020 pareció demostrar, al menos en parte, que no estaba dispuesto a aceptar una derrota en las urnas. Si bien se le puede culpar por los acontecimientos que condujeron a los vergonzosos disturbios del 6 de enero de 2021, aquello no fue una insurrección. Aunque se comportó de forma imprudente y sin gracia, ese mismo mes dejó pacíficamente el cargo.

Es posible que el Partido Republicano hubiera estado preparado para elegir una alternativa a Trump en 2024, pero una vez que los demócratas comenzaron a confiscar sus ingresos, a intentar expulsarlo de las urnas y, luego, encarcelarlo por una serie de cargos endebles y politizados, se agotaron todas las posibilidades de que el partido lo dejara atrás. Los republicanos se congregaron a su alrededor, convencidos, no sin razón, de que el expresidente era víctima de una campaña de lawfare no muy distinta a los escritos de proscripción y confiscación vetados por la Constitución.

Destruir la democracia para salvarla

Sin dejarse intimidar por la idea de estar socavando la democracia para salvarla, los fiscales demócratas, alentados por las bases del partido, siguieron adelante.

El caso más dudoso fue el presentado en un tribunal del estado de Nueva York: un fiscal que había ganado las elecciones prometiendo encarcelar a Trump formuló una acusación sin precedentes que involucraba teorías legales turbias y que usaba la ley electoral federal en un juicio estatal. Implicó, es cierto, un vergonzoso (aunque no necesariamente ilegal) pago de dinero a una ex estrella porno. Si bien estaba diseñado para humillar al expresidente, se llevó a cabo de una manera tan descaradamente injusta que no hizo nada para minar su apoyo.

Tanto el juicio como el veredicto de culpabilidad -determinado, en verdad, desde antes del proceso judicial y probablemente de corta vida una vez sea apelado- constituyen una forma de interferencia electoral que ambos partidos describirían como propia de una república bananera o del régimen de Vladimir Putin si estuviera ocurriendo en otras latitudes.

Nada de esto es razón suficiente como para votar por Trump o Biden. Aún así, el intento de encarcelar a un líder político es un cruce del Rubicón que podría tener consecuencias devastadoras en el futuro. Ya no importa quién fue el primero que hizo qué a quién. Importa sólo que los demócratas están intentando encerrar tras las rejas al líder del Partido Republicano. Y que es poco probable que los republicanos se abstengan de jugar el mismo juego en el futuro, especialmente si, como indican las encuestas actuales, regresan al poder en enero de 2025.

¿Qué tiene que ver esto con el destino de los judíos estadounidenses?

Como a todo aquel que habita Estados Unidos, al judío-americano le interesa la preservación de la democracia. Lo que volvió a América un refugio singular en la historia de la Diáspora fue su democracia constitucional basada en el ideal de igualdad ante la ley. Ella permitió que algunos judíos ascendieran a posiciones de liderazgo en prácticamente todos los sectores de la sociedad, seguros de que no había barreras religiosas que los limitaran y de que el estado de derecho los protegería como nunca lo había hecho en otros lugares. Estados Unidos no era una utopía judía, pero brindaba la oportunidad de ser libre sin tener que entregar a cambio identidad, fe o intereses.

A primera vista puede parecer que el drama de Trump y la reacción que está provocando no tienen nada que ver con los judíos. Pero si Estados Unidos está, como parece podría estarlo, a punto de dejar de ser un lugar donde predomine el Estado de derecho, donde los políticos se respeten lo suficiente como para no buscar encarcelarse unos a otros, un conocimiento incluso superficial de la historia judía alcanza para saber que los judíos no estarán más a salvo de la persecución.

Un aumento del antisemitismo

El auge del antisemitismo después del 7 de octubre hizo temblar la confianza de los judíos en su futuro. Una forma de odio arraigada en la izquierda, proveniente de ideas tóxicas como la Teoría Crítica de la Raza y la interseccionalidad, creó una nueva ortodoxia en el mundo académico que considera opresores blancos e indignos de derechos a los judíos y a Israel.

La voluntad de los principales medios de comunicación de propagar este nuevo antisemitismo sigue siendo preocupante: los judíos están siendo marginados, rechazados, puestos en peligro, por la forma en que los medios masivos tratan como el consenso entre la gente decente la idea de que el sionismo es una forma de racismo (una mentira descarada que tiene sus raíces en la propaganda marxista y soviética del pasado).

Si a se suma a este factor la inestabilidad política causada por la campaña de lawfare anti-Trump, es posible imaginar un futuro en el cual el odio a los judíos desplegado en los campus universitarios se extienda más allá de las universidades, con consecuencias inimaginables.

La lucha en las instituciones académicas, que es parte de una batalla más amplia sobre el porvenir de Estados Unidos y Occidente, ilustra una vez más que los judíos son siempre los canarios en la mina de carbón. No podemos saber dónde terminará todo esto, pero en una atmósfera de semejante conflicto político no es descabellado pensar en riesgos hasta hace poco inimaginables para los judíos.

La única razón que puedo dar para ser optimista es que estoy razonablemente seguro de que la gran mayoría de los estadounidenses no quiere nada de esto. Es posible que estén divididos políticamente, que miren con recelo a quienes se encuentran en el otro bando. Pero si hay algo que he aprendido en mis viajes por el país en los últimos ocho años es que la mayoría de los estadounidenses se oponen al extremismo y no quieren que sus políticos se enfrenten entre sí. La conversación sobre una guerra civil, a la que se dio plena expresión en una reciente película distópica del mismo nombre, parece fácil para tertulianos y gobernantes, pero aborrecible para la abrumadora mayoría de las personas a las que esperan influir y gobernar.

La condena de Trump por cargos irrazonables y abiertamente partidistas puede significar que no hay vuelta atrás. A pesar de ello, las personas razonables deben instar a sus líderes políticos a que se alejen del abismo. El aumento del antisemitismo es una advertencia tanto para judíos como para no judíos de que las ideas antitéticas del excepcionalismo estadounidense representan un peligro inmediato para nuestra sociedad. Si ahora añadimos una nueva normalidad política en la cual los perdedores de las elecciones deben temer ser procesados, independientemente de sus acciones, es altamente probable que la era en la que los judíos podían considerar a Estados Unidos como un refugio seguro haya llegado a su fin.

© JNS