México: el asediado gobernador de Sinaloa, acusado por EEUU de proteger al Cártel de Sinaloa, vuelve a su cargo tras meses de ausencia
Rubén Rocha Moya es el funcionario de más alto rango de Morena, el partido gobernante de izquierda, en ser señalado por la justicia estadounidense de colaborar con el narcotráfico. Fiscales de Manhattan lo acusaron en abril, junto a otros nueve funcionarios sinaloenses actuales y anteriores —entre ellos un senador en funciones—, de participar en una red que ayudó al Cártel de Sinaloa a introducir droga en territorio estadounidense a cambio de protección política
Rubén Muñoz Rocha en una imagen de archivo junto a la presidente Claudia Sheinbaum
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció el viernes que retomó sus funciones al frente del estado, poniendo fin a una licencia de tres meses que se había tomado tras ser acusado por fiscales estadounidenses de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político.
El regreso, muy lejos de cerrar el asunto legal y todo el revuelo generado, reavivó las tensiones tanto dentro de su propio partido como con el Gobierno de los Estados Unidos.
"Vuelvo a ejercer mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la conciencia limpia, con la frente en alto y con la fuerza de la verdad de nuestro lado", escribió Rocha en una extensa publicación en redes sociales. El mandatario, de 77 años, aseguró que la Fiscalía General de la República mexicana investigó los señalamientos en su contra durante 112 días y no encontró pruebas en su contra. "No existe evidencia que pueda sustentar nuestra participación en ninguna conducta delictiva. No he cometido ningún delito".
Rocha es el funcionario de más alto rango de Morena, el partido gobernante de izquierda, en ser señalado por la justicia estadounidense de colaborar con el narcotráfico. Fiscales de Manhattan lo acusaron en abril, junto a otros nueve funcionarios sinaloenses actuales y anteriores —entre ellos un senador en funciones—, de participar en una red que ayudó al Cártel de Sinaloa a introducir droga en territorio estadounidense a cambio de protección política. El propio gobernador atribuyó las acusaciones a "motivos políticos e intervencionistas de la derecha nacional y extranjera".
El regreso de Rocha no cayó bien ni siquiera entre sus propias filas. El influyente legislador de Morena, Ricardo Monreal, pidió que el gobernador volviera a tomar licencia mientras continúan las pesquisas, y el propio partido se desmarcó públicamente del anuncio, señalando que no tenía conocimiento previo de la decisión y que se mantiene comprometido con "el debido proceso" y la rendición de cuentas.
Las críticas también llegaron desde la oposición. Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial y líder de Movimiento Ciudadano, calificó el regreso como un día de "vergüenza nacional" y disparó en redes sociales contra el gobernador de Sinaloa: "El cinismo y la impunidad que representa este mensaje hacen una burla de nuestro país".
El analista Carlos Pérez Ricart, experto en crimen organizado del Centro de Investigación y Docencia Económicas, afirmó en redes sociales que se trata de un "grave error político".
"Una cosa es rechazar que Washington dicte culpabilidad, y otra muy distinta es asumir que Rocha conserva la investidura para gobernar Sinaloa. Gobernar exige más que solo inocencia penal; exige autoridad política", escribió.
La presidenta Claudia Sheinbaum, también de Morena, no comentó de inmediato sobre el regreso de Rocha —el viernes canceló su conferencia matutina por gripe—, aunque en el pasado ha insistido en que su gobierno no protege al gobernador y ha exigido a Washington más pruebas que sustenten el caso. Desde que se conoció la acusación, la Cancillería mexicana ha sostenido que la solicitud de extradición carece de evidencia suficiente, mientras que la Secretaría de Gobernación calificó el regreso de Rocha como "una decisión personal", aclarando que la investigación de la fiscalía mexicana sigue abierta.
El caso ha tensado la cooperación bilateral en momentos en que ambos gobiernos buscaban profundizar su lucha conjunta contra los cárteles.
En mayo, el New York Times reportó que fiscales federales estadounidenses recibieron instrucciones de aplicar leyes antiterroristas contra funcionarios mexicanos sospechosos de complicidad con el narcotráfico. Hasta ahora, al menos dos exfuncionarios sinaloenses han sido detenidos en el marco de esta ofensiva: Gerardo Mérida Sánchez, exjefe de seguridad estatal, se entregó a las autoridades en Arizona en mayo, mientras que Enrique Díaz, exfuncionario de finanzas, fue arrestado en Europa.
Al recuperar el cargo, Rocha también recuperó la inmunidad constitucional que le otorga su condición de gobernador electo, según explicaron especialistas consultados por el NYT. El propio mandatario explicó que había pedido la licencia justamente para poder colaborar con la investigación mexicana como "ciudadano común", sin fuero de por medio, y aseguró haber respondido "con veracidad" ante la fiscalía.
Pese al rechazo que generó su regreso, Rocha se mostró decidido a completar su gestión. El viernes confirmó que no solo había retomado el cargo, sino que su intención es cumplir el mandato hasta su fecha de vencimiento, el 31 de octubre de 2027.
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