Este jueves, 20 de junio, un panel de una corte federal de apelaciones rechazó el intento de Steve Bannon, prominente aliado de Donald Trump, de no ir a prisión hasta que la Corte Suprema revise su caso de desacato al Congreso.

Ahora es prácticamente un hecho que Bannon se presentará en prisión el próximo 1 de julio para empezar a cumplir su condena de cuatro meses por desacato al Congreso, al igual que otro asesor comercial de Trump, Peter Navarro, quien ya está cumpliendo su sentencia aparte.

Bannon, específicamente, enfrenta un castigo por desafiar una citación de la comisión de la Cámara de Representantes que investigó los hechos del 6 de Enero en el Capitolio y por negarse a proporcionar documentos relacionados con su presunta participación en los esfuerzos de Trump por supuestamente anular los resultados las elecciones presidenciales de 2020.

El juez de distrito Carl Nichols, nominado al cargo por el propio Trump, accedió a principios de junio a la petición de los fiscales de enviar a Bannon a prisión después de que un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington confirmó su condena, según reportó AP.

Posteriormente, los abogados de Bannon solicitaron a la corte de apelaciones que permitiera su libertad mientras el caso llegaba a la Corte Suprema de ser necesario. Sin embargo, contrario a las expectativas de la defensa, una votación de 2-1 en el panel del Circuito de Washington falló que el caso del presentador “no justifica una desviación de la regla general” de que los acusados comiencen a cumplir su sentencia después de la condena.

AP reseñó que los jueces Cornelia Pillard, propuesta por el expresidente Barack Obama, y Bradley García, propuesto por el presidente Joe Biden, votaron a favor de que Bannon empiece a cumplir su condena.

Por el contrario, el juez Justin Walker, nominado por Trump, dijo que el asesor del expresidente no debería empezar a cumplir su sentencia antes de que el Tribunal Supremo decida si retoma su caso.

Tanto la defensa de Bannon como la de Navarro afirman que ninguno ignoró las citaciones del Congreso y, por ende, no entraron en desacato. Ambas defensas arguyen que sus clientes estaban confiando en el consejo de legal de su abogado, que creían que ni Bannon ni Navarro podían testificar o presentar documentos porque Trump había invocado el privilegio ejecutivo, un asunto relacionado que todavía se está revisando en la Corte Suprema.