Steve Bannon, ¿el preso político de Biden? El caso explicado paso a paso

La reciente decisión del juez federal Carl Nichols sobre enviar a prisión a Steve Bannon ha abierto la discusión en torno a las libertades civiles y políticas en Estados Unidos. Bannon, quien podría entrar a la cárcel este primero de julio a menos que una corte de apelaciones o un tribunal superior lo impida, se convertiría en el último y más reconocido asesor y aliado del expresidente Donald Trump en terminar tras las rejas.

Un polemista de primera, Steve Bannon se consolidó como una de las voces más influyentes de la derecha, no solo en Estados Unidos sino en el mundo. Ahora el fiscal distrital de DC, Matthew Graves, puede dejarlo sin voz, justo durante los meses que faltan para las elecciones presidenciales de noviembre de este año.

Aunque es Bannon quien termina tras las rejas, su ausencia de los medios, y en particular de su influyente podcast War Room, significa un duro golpe para la campaña de Trump, a la que una justicia acusada de estar politizada ha ido atenazando en los últimos meses.

El comité del 6 de enero, una cacería de brujas

Pese a que Bannon apenas estuvo siete meses en la Casa Blanca de Donald Trump, el Comité del 6 de enero, constituido en el Congreso irregularmente al estar compuesto por siete demócratas y dos republicanos, decidió investigar al que en el 2017 se desempeñó como consejero del presidente.

El Comité, que prometió llevar a la justicia a quienes provocaron los sucesos del 6 de enero del 2021 en el Capitolio, ha ido uno tras uno de los ayudantes del expresidente. Dan Scavino y Mark Meadows, el jefe de comunicaciones y el de gabinete, respectivamente, fueron perseguidos. No obstante, el golpe duro cayó sobre otros dos aliados o ex aliados de la Casa Blanca: Peter Navarro y Steve Bannon.

Peter Navarro, un reconocido economista, fungió de director de la oficina de Comercio y Política Manufacturera de la Casa Blanca. El 9 de febrero de 2022 el Comité citó a Navarro a testificar por su supuesta participación en un esquema por desconocer los resultados electorales de las elecciones del 2020. Navarro, escudándose en su privilegio ejecutivo, no acudió a la citación y, por ello, fue declarado en desacato. El Departamento de Justicia de Joe Biden se hizo eco, ignoró el argumento del privilegio ejecutivo y decidió perseguir a Navarro. En junio del 2022, Peter Navarro fue arrestado. Y, en enero de este año, fue sentenciado a cuatro meses de prisión. Empezó a cumplir la sentencia en marzo.

El caso no es diferente al de Steve Bannon. A él el Comité del 6 de enero también lo citó y tampoco acudió, por seguir las recomendaciones de su entonces abogado, Robert Costello, quien le explicó a Bannon que era "inmune a las demandas del panel" del Comité.

"No hay prisión que me calle"

En octubre del 2021, Bannon fue arrestado por "desacato al Congreso". Unos meses después, en julio del 2022, el ex asesor de Trump fue encontrado culpable de dos cargos por un jurado federal. Entonces, el Departamento de Justicia, en sus alegatos finales, dijo que Bannon había "elegido la lealtad a Donald Trump por encima del cumplimiento de la ley".

El fiscal Matthew Graves, en un comunicado, dijo en ese momento que "el señor Bannon tenía la obligación de comparecer ante el Comité para dar testimonio y proporcionar documentos. Su negativa a hacerlo fue deliberada y ahora un jurado ha determinado que debe pagar las consecuencias".

Bannon, por su parte, respondió al veredicto del jurado: "Puede que hayamos perdido la batalla hoy, pero no vamos a perder la guerra".

Tres meses después, el juez del distrito, Nichols, anunció la sentencia: cuatro meses de prisión y una multa de $6.500. Para el Departamento de Justicia, Bannon debía recibir la sentencia más dura posible, que eran seis meses de prisión y una multa de $200.000. Bannon respondió a la sentencia afirmando que respetaba al juez, pero no al sistema.

El comentarista intentó apelar, lo que le permitió mantener en suspenso por varios meses la aplicación de la sentencia. El juez Nichols le permitió a Bannon esperar en libertad sus apelaciones; pero al ver que ninguna prosperaba decidió, a principios de junio de este año, ordenar la prisión lo antes posible. Ya la sentencia parece inevitable, a menos que se involucre, en los días que restan, un tribunal superior.

Bannon respondió con fuerza, como suele hacerlo. Espera que su caso llegue a la Corte Suprema. Para él es claro: "Quieren silenciar al movimiento MAGA, quieren silenciar a los conservadores y al presidente Trump".

"No hay nada que pueda hacerme callar ni nada que me haga callar. No existe una prisión o cárcel que me calle", sostuvo.

Persecución contra Trump

Para Alfonso Aguilar, presidente del Latino Partnership for Conservative Principles, ex jefe de la Oficina de Ciudadanía de la administración de George W. Bush y comentarista de Voz News, es claro que el caso contra Steve Bannon se enmarca dentro de la persecución política.

Lo primero que hay que recordar, insiste él, es en la irregularidad que rodea la constitución del Comité para el 6 de enero: "La entonces presidente de la Cámara, Nancy Pelosi, vetó dos de los miembros nominados al Comité por el líder republicano, mientras que ella misma nombró a dos republicanos anti-Trump al Comité, lo que no tiene precedentes".

Dice Aguilar que "es insólito que el Departamento de Justicia de Biden haya decidido procesar a Bannon por no comparecer ante el Comité después de ser citado".

"Desde hace más de cuarenta años, el Departamento de Justicia no había procesado a alguien por no comparecer a una audiencia congresional. Es evidente que le radicaron cargos por la única razón de ser un activista conservador pro-Trump", dijo.

El doble rasero queda expuesto, asimismo, cuando recientemente el Departamento de Justicia se negó a procesar al fiscal general Merrick Garland, quien también había sido declarado en desacato por el Congreso debido a su decisión de no hacer público el audio de la entrevista de Joe Biden con el fiscal especial Robert Hur.

Garland, como lo hicieron Bannon y Navarro, blandió el privilegio ejecutivo para no ceder ante el Congreso. Pero a él sí le funcionó.

En su editorial, el Washington Times dijo el 10 de junio, tras conocerse la decisión del juez Nichols sobre la cárcel de Bannon, que "la población de prisioneros políticos en Estados Unidos ha crecido en uno".

"Encarcelar a alguien por este delito menor está fuera del carácter de un fiscal cuya negativa en serie a perseguir delitos reales ha inspirado el robo de automóviles y hurtos sin precedentes en DC", se lee en el diario.

El diario también recuerda que son muchos los demócratas que han "desafiado las citaciones del poder legislativo, pero ninguno de ellos ha sido esposado ni ha sufrido una redada de su domicilio". Menciona a Hillary Clinton, Eric Holder, Lois Lerner y a Mark Pomerantz.

"Corresponde al público ponerse en contacto con su representante para transmitirle la importancia de tomar medidas para restaurar un sistema de justicia imparcial. Ese restablecimiento debería empezar por garantizar que el señor Garland se rija por las mismas normas que utiliza contra sus oponentes políticos", concluye el Washington Times.