Es cierto que la histórica decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia sobre la inmunidad presidencial es una victoria para el expresidente Trump. Pero, fundamentalmente, es una decisión sobre la institución de la presidencia. Lo que la Corte ha dejado claro en este día histórico es que un presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos.

Los jueces entienden que con esta decisión están creando un precedente. En gran medida, la furia que se ha desatado en la izquierda viene de que apresuradamente están opinando basados en la falsa idea de que esta es una decisión para beneficiar a Trump. La realidad es que este caso será analizado y estudiado en las universidades por años, los jueces han creado un precedente y, si bien esta decisión beneficia a Trump, en realidad va mucho más allá del republicano, es una defensa a la institución presidencial y a la separación de poderes. Es una protección que cobijará a todos los presidentes futuros, y por supuesto que también podría beneficiar al presidente Joe Biden, pero fundamentalmente beneficia al país.

La Corte ha dejado claro que un presidente debe tener la capacidad de cumplir con sus tareas constitucionales sin tener la amenaza de que en el futuro pueda ser juzgado por hacer su labor. El objetivo entonces es proteger a los presidentes para que hagan su trabajo de la manera correcta y puedan tomar decisiones difíciles pensando en el bien del país y no bajo la presión de que luego puedan ser perseguidos por sus actos oficiales.

Es por eso que la Corte afirma que un presidente debe gozar de inmunidad para así "ejecutar los deberes de su cargo sin miedo y de manera justa” y que un presidente “no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales”. Otro asunto fundamental señalado por la Corte es que si se procesa penalmente a un presidente por realizar su trabajo, eso constituiría una violación a la separación de poderes y sería arrebatar al presidente su autoridad ejecutiva e incluso abrir la puerta para la persecución política.

El equipo legal del expresidente Trump incluso ha mencionado la política migratoria de Biden para ejemplificar cómo la inmunidad presidencial debe proteger a los mandatarios y brindarles la libertad para actuar según crean que es conveniente. Hay quienes consideran que el presidente Biden podría ser acusado por poner en riesgo el país y por posiblemente haber roto algunas leyes al permitir la entrada de millones de inmigrantes, la inmunidad presidencial, defendida por la Corte en esta decisión, protege al presidente Biden de ser acusado en un futuro por su política migratoria.

Las acusaciones de que esta decisión permitiría a los presidentes cometer delitos, como utilizar al ejército para asesinar a alguien por simplemente ser un oponente político, no tienen ningún fundamento. Lo que ha dicho la Corte, y lo que siempre se ha considerado relacionado a la inmunidad presidencial, son los deberes oficiales del presidente. Desde luego que asesinar a un oponente político no hace parte de las labores oficiales de la presidencia. 

Un presidente tiene el deber de proteger al país de enemigos internacionales, también de usar el sistema de justicia para proteger a la sociedad de los criminales, pero no tiene autoridad para asesinar a personas. Eso no ha cambiado y la Corte no ha dicho lo contrario. Los jueces claramente establecen que la inmunidad es para las acciones oficiales.

El presidente Biden se ha sumado a las declaraciones alarmistas y carentes de fundamento, diciendo en su discurso del lunes en la noche que la decisión de la Corte significa que virtualmente no hay límites para lo que pueda hacer un presidente. Tal afirmación es totalmente falsa. La Corte ha decidido proteger la institución presidencial de la politización de la Justicia y proteger a los presidentes para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible y sin sentirse presionados.