Las ejecuciones alrededor del mundo alcanzan su cifra más alta en ocho años, acarreadas por Irán y China

El año pasado hubo 1.153 ejecuciones judiciales en el mundo. Un aumento anual del 31%. La cifra, elaborada por Amnistía Internacional, es la más alta en casi una década, desde que en 2015 el organismo reportó 1.634.

Este conteo, sin embargo, es de mínimos. Por toda muerte dictada y registrada por un Estado, Amnistía reconoce que hay tantas otras que pasan desapercibidas. Sólo añadiendo a China, que no figura por falta de registros públicos, el número se duplica.

¿Hasta dónde podría llegar si se añaden a la también opaca Corea del Norte? ¿Y a Bielorrusia?

Mientras que aumentó la cantidad de ejecuciones, disminuyó la de ejecutores de 20 a 16: "Estas cifras confirman las tendencias de los últimos años que apuntaban a un aislamiento cada vez mayor de los países retencionistas".

Este club cada vez más reducido, con el abandono el año pasado de Bielorrusia, Japón, Myanmar y Sudán del Sur, tiene, sin embargo, dos líderes indiscutibles que no amainan el ritmo: China e Irán. 

Irán, principal promotor de la horca

Bajo el código penal islámico, el adulterio se paga con sanciones desde una treintena de latigazos hasta la pena de muerte. A Ahmad Nikoui le tocó la segunda: fue ejecutado en una prisión de la provincia de Alborz en abril del año pasado. Su delito, según recoge Amnistía Internacional: "Mantener relaciones sexuales consentidas con una mujer casada".

"Se desconoce el destino de la mujer".

El caso de Nikoui es el único que la organización enumera bajo el rótulo de adulterio, aunque admite que puede haber más. Está lejos de ser, sin embargo, el único contrario a la ley internacional: 545 personas fueron ejecutadas por delitos menos graves que un homicidio intencionado, considerado el umbral mínimo para la legislación internacional. Estos incluyen delitos relacionados con las drogas, la religión y la disidencia política. 

Con un total de 853 ejecuciones en 2023, el régimen iraní representó el 74% de las ejecuciones registradas en todo el mundo (esto es, dejando de lado las de China, ocultadas por el Estado).

Un aumento anual del 48% debido, en gran medida, al castigo de delitos relacionados con drogas. "Estos delitos no sólo no pueden castigarse con la pena capital según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, sino que además afectan de forma desproporcionada a las comunidades más marginadas de Irán", aseguran desde Amnistía, que viene hace años advirtiendo que la minoría étnica baluchi es la más afectada por estas sentencias mortales -que suelen llevarse a cabo con la horca-.

Esta está lejos de ser la única violación de normas internacionales del régimen del ayatolá Ali Jamenei: ejecutados por crímenes cometidos cuando eran menores de edad, torturas para obtener confesiones, cortes especiales para condenar a muerte…

China, el país de las mil ejecuciones 

Entre inyecciones letales y escuadrones de fusilamiento, el régimen de Xi Jinping mató a más de 1000 personas. La cantidad más abultada (y con holgura) de penas máximas por país.

Amnistía Internacional reconoce, sin embargo, la dificultad de recopilar aquella información que el Gobierno clasifica como secreto de Estado. Aunque la ONG se vale siempre de una mezcla de fuentes -cifras oficiales, sentencias, testimonios de condenados y sus allegados, informes de los medios de comunicación y otras organizaciones no gubernamentales-, la falta de documentos oficiales siembra dudas sobre el número final. No impide, sin embargo, que Amnistía Internacional asegure que China realizó "más ejecuciones que el resto del mundo junto".

China oscurece, cuando quiere: fuentes oficiales y medios afines publican, de vez en vez, datos parciales de ejecuciones con el objetivo de "enviar el mensaje de que no se tolerarán ni delitos ni disidencia".

El mayo pasado, por ejemplo, un portavoz oficial usó la ejecución de tres hombres condenados por violar a niñas de primaria y secundaria como advertencia para los criminales, para los menores -"como recordatorio para que mejoren su conciencia de autoprotección"- y para sus padres y educadores.

Casos mediáticos de condena de muerte a exoficiales sirvieron para demostrar que las autoridades tampoco estaban a salvo, de acuerdo con Amnistía Internacional. También, probablemente, como ejemplos ilustres de la campaña anticorrupción de Xi Jinping.