Un matrimonio de Michigan denunció a un distrito escolar de Rockport después de que varios trabajadores de la escuela a la que llevaban a su hija cambiaran los pronombres de la menor en todos los registros oficiales y comenzaran a tratarla como a un chico a espaldas de los padres. Además, según apunta la demanda, estos empleados tomaron medidas, siguiendo la política establecida por el Distrito de Escuelas Públicas de Rockford, para asegurarse de que Dan y Jennifer Mead no se enteraran del proceso, que en ningún caso habían consentido.
"Schools should never deliberately hide vital information from parents, yet that’s exactly what the Rockford Public School District did. District employees didn’t even notify Dan and Jennifer—let alone seek their consent—before beginning to call their young daughter by a…
— Alliance Defending Freedom (@ADFLegal) December 18, 2023
Cambio de los pronombres de la menor en todos los registros oficiales
Según informó la organización Alliance Defending Freedom (ADF), que representa a la pareja ante los tribunales, el matrimonio sólo pudo descubrir lo que estaba ocurriendo "cuando un empleado, sin querer, no alteró completamente un informe sobre su hija antes de compartirlo con ellos". Hasta ese momento, los trabajadores del centro alteraban los registros oficiales, en los que la niña aparecía como chico, antes de enviárselos a los padres. Según ADF "al ocultar esta importante información, el distrito violó los derechos fundamentales de los padres de los Mead. La Constitución de EE.UU. protege su derecho como padres a tomar decisiones sobre la crianza, educación y atención médica de sus hijos".
Según explica la demanda, "la hija de los Mead envió un mensaje a la consejera escolar pidiéndole que enviara un correo electrónico a sus profesores para decirles que empezaran a llamarla por un nombre masculino. Desde entonces hasta el final del curso escolar, sólo unas semanas más tarde, la orientadora mantuvo correspondencia con la madre en múltiples ocasiones, pero no le notificó la petición de su hija de utilizar un nombre masculino. Cuando la hija de los Mead empezó octavo curso en agosto de ese año -desde el primer día-, los empleados empezaron a referirse a ella por el nombre masculino sin el conocimiento ni el consentimiento de los Mead. Al cabo de unas semanas, utilizaban regularmente ese nombre masculino y pronombres masculinos para referirse a la hija de los Mead".
El error de un empleado les permitió descubrir lo que estaba ocurriendo
La consejera escolar, sin embargo, optó por seguir ocultando esta información a los Mead en sus múltiples reuniones, mientras que el resto de profesores y trabajadores del centro desarrollaron un sistema para evitar que los padres pudieran darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con su hija. Todo saltó por los aires cuando el matrimonio la hija fue diagnosticada con autismo y se reunieron con un empleado del distrito para estudiar cómo acomodar las necesidades de la menor en el centro. Entre la documentación que esta persona entregó a la pareja se incluía un documento con comentarios de un profesor que utilizaba el nombre masculino y los pronombres masculinos para referirse a su hija. Como consecuencia del descubrimiento, y rota la confianza en el centro y el distrito escolar, los padres sacaron a su hija del colegio.
Kate Anderson, consejera principal de la ADF y directora del Centro de Derechos de los Padres de la ADF denunció la gravedad de lo sucedido, especialmente porque se trata de una política establecida para ocultar información vital sobre un menor a sus padres por parte del distrito escolar.
Los padres, no el gobierno, tienen derecho a dirigir la crianza, la educación y el cuidado de la salud de sus hijos. Las escuelas nunca deben ocultar deliberadamente información vital a los padres, sin embargo, eso es exactamente lo que hizo el Distrito de Escuelas Públicas de Rockford. Los empleados del distrito ni siquiera notificaron a Dan y Jennifer, y mucho menos pidieron su consentimiento, antes de empezar a llamar a su hija por un nombre masculino y pronombres masculinos. Peor aún, la política del distrito exigía a los empleados alterar los registros oficiales para ocultar las acciones del distrito. Al ocultar intencionadamente esta información a los Mead, el distrito escolar violó su derecho constitucionalmente protegido a tomar decisiones sobre la educación y el bienestar de su hija y destruyó la confianza que la familia Mead había depositado en el distrito y sus empleados.
