Meloni prometió y cumplió: Italia crea una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión de la pandemia
Se ocupará de los actos y canalladas del gobierno y de la salud pública en la gestión de la pandemia.
Hace un año, durante la campaña electoral italiana, Giorgia Meloni anunció que en caso de victoria crearía una comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión de la pandemia. A muchos les pareció una jugada electoral, una meta inalcanzable; algunos se burlaban, otros la elogiaban, otros más (los talibanes de los protocolos político-sanitarios y la vacunación obligatoria) lo temían y se oponían; en cambio se trata de un ejemplo brillante, circunscripto pero significativo, de promesa cumplida.
Hoy en Italia el clima ha cambiado respecto de la opresión con que la mayoría política, mediática y científica manejó la epidemia de Sars-Cov-2 hasta el verano de 2022, pero no debido al debilitamiento del virus, sino a la mutación del enfoque político: cambió porque les fue devuelta su libertad a las estructuras de la sociedad y a las mentes de las personas, que ahora pueden pensar y mirar al covid sin el manto opresivo del terrorismo científico y la imposición política, la vacunación obligatoria y el pase sanitario.
El paso adelante dado por el gobierno Meloni es enorme, aun sabiendo que algunos aspectos ‒que sin embargo no dependen directamente del poder ejecutivo sino de un conjunto de actores y factores sociales‒ todavía necesitan ser normalizados, como por ejemplo la plena libertad de decisión y expresión individual contra las vacunas anti-covid y a favor de terapias alternativas. De hecho, aún hoy los portavoces de la vacunación obligatoria aterrorizan a la población con datos y previsiones tácticamente instrumentalizados. Todavía hoy en día, cuestionar la eficacia de las vacunas es tildado de negacionismo por los epidemiólogos y sus medios de comunicación.
El intento de imponer medidas anti-covid claramente antiliberales y ampliamente ineficaces demuestra una voluntad totalitaria por parte de una ciencia (y sus apéndices políticos) que se ha transformado en negocio y, por lo tanto, ya no es un campo de saber sino un protagonista de poder. El caso del virus producido en China y por ella propagado fue uno de los mejores bancos de prueba para testear las capacidades de esta voluntad de potencia. La ciencia, de hecho, en forma de tecnociencia, pretende imponerse como la divinidad del siglo XXI, ante la cual los hombres deberían postrarse erigiendo tótems y ofreciendo obediencia.
En la gestión del Sars-Cov-2, las posibilidades de salir de este férreo control pasan todas por un único punto, dividido en dos ramas: informar a la gente sobre la eficacia de las terapias alternativas a la vacunación y luego, por un lado, defender la libertad individual de elección terapéutica y, por el otro, impulsar a los gobiernos nacionales a que escapen del chantaje de una ciencia bulímica de poder. “Libertad de elección” aquí significa que uno puede decidir vacunarse o no vacunarse; puede decidir qué terapia y qué fármacos adoptar en función de sus necesidades, patologías e inclinaciones subjetivas.
En esta perspectiva, desde Italia llega actualmente una voz de esperanza, frente al sometimiento de muchos otros países a las brutales imposiciones de los grupos científicos. La primer ministro Meloni dio el impulso para una rápida aprobación de la comisión parlamentaria de investigación, que se ocupará de los actos y canalladas del gobierno y de la salud pública en la gestión de la pandemia hasta el verano de 2022. La Comisión examinará cuestiones específicas en lo que se refiere, por ejemplo, a decisiones ministeriales relativas al confinamiento, la compra y el uso de dispositivos de protección y tratamiento (vacunas incluidas), las restricciones a la circulación de personas, los efectos negativos sobre la salud ‒física y psicológica‒ y sobre la economía en general, que las decisiones del gobierno de esos años provocaron. Pero la Comisión también tiene la prerrogativa de abordar cuestiones de principio y fundamento y, por tanto, de política en sentido amplio y de ética en sentido estricto.
Las implícitas premisas políticas sobre las que se estableció la Comisión permitirán (y favorecerán) la exploración de campos previamente prohibidos, de temas que el dictado burocrático-sanitario había impedido incluso mencionar siquiera, y de teorías que no podían ser expresadas, so pena precisamente del estigma de negacionismo. No debemos demonizar la investigación científica, al contrario, debemos valorarla cuando sea investigación auténtica y no instrumentalismo, pero tampoco podemos convertirnos en esclavos de la tecnociencia. Ha llegado, pues, el momento de desenmascarar la retórica ideológico-sanitaria y afirmar la verdad de la ciencia, que no consiste en las odiosas imposiciones del cientificismo, sino en la humildad de la investigación y en la apertura a la comparación con toda opción alternativa. La ciencia no es fe, y cuando se la transforma en dogma, como hicieron muchos epidemiólogos paracientíficos durante la pandemia, de hecho se degrada a cientificismo, que es la patología positivista-totalitaria de la ciencia auténtica. Y por lo tanto, para dar sólo un ejemplo útil para el trabajo de la Comisión, los daños causados por las vacunas no deben prescribir: las muertes causadas por la vacunación indiscriminada son irreparables, e imperdonables.
Es de esperar, por lo tanto, que el trabajo de la Comisión sea de gran alcance y, dado que algunos puntos formulados en los objetivos lo permiten, se atreva a abordar temas centrales y cuestiones que antes eran intocables. Y como los márgenes de movimiento son amplios a ese nivel, deberían ser incluidos también aquellos especialistas que son marginados e insultados por el sistema de gestión oficial, como el Dr. Robert Malone, uno de los principales científicos expertos de vacunas y especialmente de la tecnología de vacunas de ARNm, y el cardiólogo Dr. Fabrizio Salvucci, que tiene el mérito de haber refutado y corregido la interpretación de la patología del covid, explicando que se trataba de tromboembolia venosa y no de un síndrome respiratorio (con cuyo diagnóstico murieron miles de pacientes intubados: ¿y quién reparará la memoria y dignidad de todos ellos?).
Confío, además, en que la Comisión aproveche la oportunidad para promover un serio debate internacional sobre la ciencia médica, sobre sus peculiaridades y su estado actual, sobre la gestión de las emergencias sanitarias y, más en general, sobre los límites de la ciencia misma, entendidos como límites internos y como limitaciones que la política tendría el derecho (y el deber) de imponer a sus aplicaciones; un debate sobre la relación entre ciencia y ética, sobre el sentido de la libertad personal respecto de la omnipresente tecnociencia, y que logre dar impulso a una filosofía de la libertad que hoy es antropológicamente más necesaria que en cualquier otra época histórica.
De esta manera, la promesa cumplida por Giorgia Meloni ‒aún más bienvenida en esta época de divagaciones‒ podría, por un lado, ser un ejemplo para otros países con gobiernos orientados hacia los principios de la libertad y, por otro, constituir la base para un debate de relieve internacional, que vería a Italia posicionarse como precursora de un nuevo rumbo en la gestión de eventuales emergencias pandémicas y sanitarias en general, una nueva orientación que reivindique una encomiable y posible soberanía sanitaria nacional e individual y que, por ende, se libere de las imposiciones de la Organización Mundial de la Salud aun manteniendo con ésta una impecable relación institucional.