Los tribunales tumban la agenda izquierdista de la Administración Biden

La Corte Suprema en cuatro ocasiones y un juez federal fallan en contra de las principales propuestas del Ejecutivo.

La Administración Biden acumula una serie de reveses en las últimas fechas que están echando por tierra sus principales propuestas políticas e ideológicas. Si el tribunal Supremo (SCOTUS, por sus siglas en Inglés) le deparó una particular semana horribilis con sentencias que eliminaron la discriminación positiva en las admisiones universitarias, blindaron la libertad religiosa y tumbaron la condonación de la deuda estudiantil, esta vez ha sido un juez federal el que prohibió a funcionarios del Ejecutivo coordinarse con las Big Tech para censurar mensajes.

No a la Discriminación positiva

El jueves 29, con el voto a favor de 6 de los jueces y tres en contra, el Supremo falló que las universidades de Harvard y Carolina del Norte violaban la Constitución con sus procesos de admisión porque "sólo han permitido las admisiones basadas en la raza dentro de los límites de unas estrechas restricciones. Los programas universitarios deben cumplir una neutralidad estricta, nunca pueden utilizar la raza como estereotipo o elemento negativo".

Según el presidente del Supremo, John G. Roberts, "El estudiante debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza. Muchas universidades han hecho durante demasiado tiempo justo lo contrario. Y al hacerlo, han concluido, erróneamente, que el mérito de un individuo no son los retos superados, las habilidades adquiridas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel. Nuestra historia constitucional no tolera esa elección".

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Defensa de la Libertad Religiosa

Una de las principales obsesiones de esta Administración, en especial del Departamento de Justicia y el fiscal general, Merrick Garland, ha sido la utilización de las herramientas del Gobierno, incluyendo el FBI, para perseguir a los cristianos. Estos ataques han sido especialmente sangrantes contra los provida, que han visto cómo varios de sus líderes eran detenidos en sus domicilios frente a sus familias. Sin embargo, SCOTUS falló en dos ocasiones y sobre distintos aspectos, en defensa de la Libertad Religiosa.

El día 27, el Alto Tribunal comenzó el calvario de los postulados woke de la izquierda, de los que el presidente Biden es uno de los principales defensores. SCOTUS dio la razón a Gerald Groff, un cristiano evangélico que se vio obligado a dejar su puesto como repartidor de correo al tratar su empresa de obligarle a trabajar los domingos, algo a lo que él se negó por motivo de su fe. El fallo rellenó un vacío legal del Título VII, que recoge que los empleadores deben respetar las prácticas religiosas de sus trabajadores salvo que que esto suponga "una dificultad excesiva". En el caso Hardison, en 1977, el Supremo señaló que "cualquier cosa que supusiera algo más que un coste menor, o de minimis" podría considerarse "dificultad excesiva".

En la nueva sentencia, el juez Samuel Alito subraya: "Sostenemos que demostrar 'más que un coste de minimis', tal como se utiliza esta expresión en el lenguaje común, no basta para demostrar la existencia de 'dificultades excesivas' en virtud del Título VII. Creemos que basta con decir que un empleador debe demostrar que la carga de conceder una adaptación supondría un aumento sustancial de los costes en relación con el desarrollo de su actividad empresarial concreta".

SCOTUS Groff by Israel Duro

Apenas 24 horas después, el Alto Tribunal fallaría en favor de Lori Smith, una diseñadora de páginas web cristiana que se negó a planificar eventos para parejas del mismo sexo por motivos religiosos. Su reclamación llegó al Supremo porque violaba la Ley Antidiscriminación de Colorado. La sentencia afirma que "la Primera Enmienda concibe a Estados Unidos como un lugar rico y complejo en el que todas las personas son libres de pensar y hablar como deseen, no como lo exija el Gobierno".

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Condonación de la deuda estudiantil

La medida personal estrella de Joe Biden para la Legislatura terminó antes de comenzar tras entender SCOTUS que el presidente se atribuye a sí mismo y al secretario unos poderes que no les corresponden:

El Secretario afirma que la Ley HEROES le otorga la autoridad para cancelar $430 mil millones de capital de préstamos estudiantiles. No es así. Sostenemos hoy que la Ley permite al Secretario 'renunciar o modificar' las disposiciones legales o reglamentarias existentes aplicables a los programas de asistencia financiera bajo la Ley de Educación, no reescribir esa ley desde cero.

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Un juez federal vs la coordinación Administración-Big Tech para censurar

El juez de distrito Terry A. Doughty consideró probada la coordinación entre funcionarios de la Administración Biden y directivos de las Big Tech para censurar discursos conservadores. Según la sentencia, se “evidencia de un esfuerzo masivo de los acusados, desde la Casa Blanca hasta las agencias federales, para suprimir el discurso basado en su contenido". Ante esta situación, el juez prohibió a los trabajadores del Ejecutivo contactar con las tecnológicas para promover la censura salvo excepciones.