David Pecker, exeditor de The National Enquirer, dominó la primera semana del juicio a Donald Trump en Nueva York por falsificación de registros comerciales. El primer testigo de la Fiscalía mostró cierta calidez con el acusado, a quien definió como "un mentor" y "amigo", para luego describir su participación en la supresión de las historias de Karen McDougal y Stormy Daniels, quienes afirmaban haber tenido relaciones con el entonces magnate.
El testimonio de Pecker estuvo marcado por el caso de McDougal, una modelo de Playboy. En concreto, y mediante su empresa AMI, dijo haberle pagado 150.000 dólares a la modelo para comprar su historia, con la intención de no publicar nada al respecto.
A la hora de recibir el reembolso, dijo que le preguntó a Michael Cohen, entonces abogado personal de Trump, sobre quién se encargaría de reembolsarlo. “El jefe se encargará de ello", le dijo.
Sin embargo, debido a la demora con el pago, Pecker sugirió que fuera Cohen quien comprara la historia de Daniels, previo a recordar que él “no era un banco”, lo que llevó al acuerdo de confidencialidad que posteriormente derivó en este juicio.
Según informó The New York Times, Pecker y Cohen estuvieron en permanente contacto durante la campaña presidencial del 2016, elaborando estrategias sobre cómo evitar que historias potencialmente perjudiciales sobre Trump salieran a la luz.
Sobre McDougal, el testigo confesó que el pago se disfrazó como contrato de servicios para evitar violar las leyes de financiación de campañas. “Quería proteger a mi empresa, quería protegerme a mí mismo y también quería proteger a Donald Trump”, expresó.
Pecker también mencionó una reunión en la que Trump preguntó por McDougal ya como presidente electo. Fue en la Torre Trump, en un encuentro que también contó con la presencia de James Comey, entonces director del FBI, y Reince Priebus, entonces presidente del Comité Nacional Republicano y posterior jefe de gabinete.
Pecker le aseguró a Trump entonces que todo estaba bien, a lo que Trump bromeó diciendo que él sabía "más que nadie en esta sala”. "No se rieron", recordó el testigo.
El contrainterrogatorio de los abogados de Trump, dirigido por Emil Bove, se centró en demostrar que tales acuerdos eran un “procedimiento operativo estándar” y que las revistas publicaban solo la mitad de las historias que compraban.
¿De qué acusan a Trump?
El caso involucra un supuesto pago realizado por el exabogado de Trump, Michael Cohen. El letrado le habría enviado 130.000 dólares a la actriz Stormy Daniels durante la campaña de 2016, con el objetivo de silenciar una supuesta cita entre Trump y la actriz en el 2006. El delito sería el de disfrazar presuntamente ese pago como un gasto legal y la investigación está siendo llevada a cabo por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
Según la versión de la Fiscalía, Trump, o su fideicomiso le pagó $420.000 a su exabogado, dinero que incluía $130.000 por el pago y $50.000 por el trabajo digital que Cohen hizo para Trump. Esos $ 180.000 supuestamente se duplicaron para compensar los impuestos y los $60.000 restantes fueron un “bono”.
A pesar de que los acuerdos de confidencialidad son legales, el problema recae en cómo su empresa reembolsó a Cohen. El pago figuraba como un gasto legal y la compañía alegó un supuesto acuerdo de confidencialidad con Cohen. De acuerdo con el fiscal, ese acuerdo no existía y el gasto no estuvo relacionado con ningún servicio legal por parte del abogado, estableciendo potencialmente un delito menor de falsificación de registros comerciales.
De acuerdo con Bragg, Trump firmó personalmente varios de los cheques a Cohen mientras ejercía como presidente. Además, de acuerdo con POLITICO, “Trump ha negado repetidamente haber cometido irregularidades en relación con el pago y ha desmentido la afirmación de Daniels de que la pareja mantuvo relaciones sexuales en una ocasión en 2006”.
La Fiscalía puede elevar el delito menor a un delito grave, pero debería probar que existió una “intención de defraudar” por parte de Trump, lo que sentaría las bases para un segundo delito. Precisamente, ese segundo delito implicaría que el pago de $130.000 haya sido una donación indebida a la campaña de Trump, porque el dinero se habría utilizado para detener una historia con el propósito de beneficiar su campaña presidencial.
