Nuevas reglas de 'carga pública' entran en vigor: en qué consisten y quiénes pueden verse afectados
USCIS podrá considerar un abanico más amplio de ayudas públicas recibidas por determinados inmigrantes que soliciten la residencia permanente. La medida entra en vigor este 18 de septiembre, aunque varias categorías, entre ellas quienes se acogen a la Ley de Ajuste Cubano, quedan exentas.
Oficina regional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS)
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó a aplicar este viernes, 18 de septiembre, nuevas directrices para determinar cuándo una persona que solicita la residencia permanente puede ser considerada inadmisible por el llamado criterio de “carga pública”.
El cambio amplía los elementos que los oficiales migratorios pueden tener en cuenta para evaluar si un solicitante podría depender en el futuro de determinadas ayudas gubernamentales.
Las nuevas instrucciones acompañan la entrada en vigor de una regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que elimina la normativa de carga pública aprobada en 2022 durante la Administración Biden. La regla fue publicada en julio y busca devolver a los funcionarios migratorios un margen de evaluación más amplio a la hora de estudiar cada caso.
USCIS explicó que las nuevas guías se aplican a determinadas solicitudes de ajuste de estatus presentadas o enviadas electrónicamente a partir del 18 de septiembre de 2026.
¿Qué significa ser considerado una 'carga pública'?
La Ley de Inmigración y Nacionalidad del país establece que ciertos extranjeros pueden ser declarados inadmisibles si las autoridades consideran que es probable que, en algún momento, se conviertan en una carga pública.
La ley no establece una definición única de ese concepto, pero obliga a USCIS a analizar al menos cinco factores antes de tomar una decisión:
- la edad del solicitante;
- su estado de salud;
- su situación familiar;
- sus bienes, recursos y situación económica;
- y su educación y habilidades.
Los funcionarios también pueden valorar la existencia de un Formulario I-864 o Declaración Jurada de Patrocinio Económico, mediante el cual otra persona se compromete a apoyar económicamente al inmigrante.
USCIS enfatiza que la decisión deberá realizarse caso por caso y teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias de cada solicitante.
¿Qué cambia desde este 18 de septiembre?
Uno de los cambios más relevantes afecta a las ayudas públicas que pueden ser consideradas durante la evaluación.
Para beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, USCIS señala que únicamente tendrá en cuenta determinadas ayudas públicas en efectivo destinadas al mantenimiento de ingresos y la institucionalización de largo plazo financiada por el Gobierno.
Sin embargo, para los beneficios sujetos a comprobación de recursos económicos recibidos desde el 18 de septiembre en adelante, los funcionarios podrán valorar una gama más amplia de prestaciones.
La guía menciona, entre otras, asistencia monetaria para el mantenimiento de ingresos, ayuda para vivienda, cupones de alimentos y determinadas ayudas económicas para estudios universitarios.
Esto no significa que recibir una ayuda pública provoque automáticamente la denegación de una residencia. USCIS deberá analizar el conjunto de circunstancias de la persona antes de determinar si existe riesgo de que se convierta en una carga pública.
¿A quiénes afecta?
Entre las categorías sujetas a esta evaluación se encuentran determinados familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, trabajadores patrocinados por empleadores, inversionistas, algunos trabajadores religiosos e inmigrantes seleccionados mediante el programa de visas de diversidad.
Pero existen importantes excepciones.
Los cubanos bajo la Ley de Ajuste Cubano están exentos
La guía de USCIS establece expresamente que los solicitantes que buscan ajustar su estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano no están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública.
También figuran entre las categorías exentas los refugiados y asilados, determinados cubanos y haitianos acogidos a otras disposiciones migratorias, beneficiarios de TPS, víctimas de trata con visas T, víctimas de determinados delitos con visas U, jóvenes inmigrantes especiales y determinados autopeticionarios amparados por la Ley de Violencia contra la Mujer, entre otros.
Por tanto, el cambio que entra en vigor este viernes no modifica la situación de los cubanos que obtienen la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano en lo referente a la causal de carga pública.
USCIS podrá pedir una fianza
La nueva política contempla además la posibilidad de que algunos inmigrantes declarados inadmisibles únicamente por motivos de carga pública puedan presentar una garantía económica.
Si un oficial concluye que un solicitante probablemente se convertirá en una carga pública, USCIS puede invitarlo a presentar una fianza de carga pública.
El objetivo de esa garantía es asegurar que el inmigrante no dependa posteriormente de determinadas ayudas gubernamentales.
Para establecer la cantidad de la fianza, USCIS podrá evaluar cuánta asistencia pública podría recibir esa persona durante los siguientes cinco años.
La fianza se tramita mediante el Formulario I-945, pero no puede presentarse de manera preventiva. El inmigrante solo podrá hacerlo si USCIS se lo solicita formalmente mediante una Notificación de Intención de Denegación.
Una reversión de la política de 2022
La nueva regla restaura una mayor discrecionalidad para evaluar “todos los hechos pertinentes” de un expediente y determinar si existe riesgo de dependencia futura de asistencia gubernamental.
Las nuevas instrucciones de USCIS reemplazan las orientaciones anteriores sobre esta materia y se aplican a los formularios I-485 de ajuste de estatus enviados o presentados electrónicamente desde el 18 de septiembre de 2026.
Para quienes estén sujetos a la disposición, el cambio supone que la situación económica, los recursos disponibles y el uso de determinados beneficios públicos tendrán un peso más amplio dentro del análisis migratorio. Para los solicitantes cubanos que obtienen la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano, en cambio, USCIS mantiene explícitamente la exención de la causal de carga pública.
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