Crédito fiscal y becas escolares: así funcionará el programa federal de Trump para impulsar la libertad escolar

En julio de 2025, cuando el presidente Donald Trump firmó la Ley de Recortes de Impuestos para las Familias Trabajadoras, los republicanos lograron codificar una política inédita en materia de educación. Por primera vez, el Gobierno federal había creado un mecanismo de incentivos a las donaciones privadas para impulsar la libertad escolar (School Choice).

En concreto, se trata de un crédito fiscal destinado a incentivar las donaciones privadas para financiar becas de educación primaria y secundaria (K-12). Su objetivo es utilizar el sistema tributario para atraer dinero privado hacia organizaciones que otorgan becas educativas y, de esa manera, ampliar las alternativas disponibles para las familias.

La disposición fue redactada por el senador republicano Ted Cruz, quien la calificó como la más trascendental que jamás se haya promulgado en cuestiones de libertad escolar, entendida como las políticas que buscan ampliar las alternativas que tienen las familias para decidir cómo y dónde educar a sus hijos.

"La elección de escuela es la forma de ayudar a las personas a salir de la pobreza. Es la forma de ayudar a las personas a salir de escuelas deficientes y obtener una educación excelente. Creo que todos los niños de Estados Unidos merecen tener acceso a una educación excelente", le dijo Cruz a VOZ en una entrevista realizada 2025. 

El programa entrará en vigor el 1 de enero de 2027, mientras el Departamento del Tesoro y Departamento de Educación definen su reglamentación. 

¿Cómo funciona?

La lógica detrás de la medida parte de una pregunta sencilla: ¿cómo hacer que más familias puedan acceder a alternativas educativas que hoy no pueden pagar?

En Estados Unidos, el código postal y la zona donde vive una familia pueden determinar qué escuelas públicas tiene disponibles para sus hijos. Una familia no siempre puede simplemente elegir la escuela pública que considera mejor. Muchas veces, la opción depende de dónde vive.

En la práctica, esto puede dejar a algunos niños atados a la escuela pública que les corresponde por su domicilio, incluso cuando sus padres consideran que esa escuela no está brindándoles la educación que necesitan.

Si la familia no gana lo suficiente como para enviar a su hijo a una escuela privada, la otra opción sería mudarse para estar bajo el paraguas de otro distrito escolar, pero para las familias que no pueden afrontar ese gasto, enviar a sus hijos a una escuela privada también puede resultar inaccesible.

El nuevo mecanismo busca reducir esa barrera mediante un sistema de incentivos al privado.

En lugar de crear un programa en el que el Gobierno federal recaude y luego entregue directamente el dinero a las familias, la ley utiliza el sistema tributario para incentivar a que sean los particulares quienes financien esas becas.

Según la legislación, un contribuyente puede donar hasta 1.700 dólares al año a una organización sin fines de lucro dedicada a otorgar becas educativas, conocida como Scholarship Granting Organization (SGO). Por esa donación, puede recibir un crédito fiscal federal equivalente al monto aportado y sujeto a las condiciones establecidas por la ley.

Por ejemplo, si una persona dona $1.000 a una organización elegible, puede recibir un crédito fiscal de hasta $1.000 sobre sus impuestos federales. Si dona $1.700, puede obtener hasta $1.700 de crédito fiscal y reducir hasta $1.700 sus impuestos federales. El crédito no puede superar el monto de impuestos federales que la persona adeuda.

La organización que recibe las donaciones es la que posteriormente otorga las becas a los estudiantes que cumplen con los requisitos del programa. Esas becas pueden utilizarse para distintos gastos educativos contemplados por la ley, entre ellos matrícula de escuelas privadas, tutorías, transporte, tecnología y otros gastos educativos elegibles

De esta manera, el Gobierno busca ampliar las alternativas educativas utilizando un incentivo fiscal para movilizar financiamiento privado, en lugar de crear un nuevo programa federal que entregue directamente el dinero a las familias.

¿Quiénes podrán acceder al programa?

Las becas están destinadas a estudiantes que cumplan determinados requisitos. Entre ellos, deben pertenecer a hogares cuyos ingresos no superen el 300% del ingreso bruto medio de su área (AMGI) y ser elegibles para inscribirse en una escuela primaria o secundaria pública.

Por ejemplo, si el ingreso bruto mediano de una zona es de $100.000 al año, el límite para una familia sería de $300.000. El ingreso bruto es el que se percibe antes de impuestos, y el límite varía según la zona y el tamaño del hogar.

Las organizaciones que otorgan las becas deben verificar los ingresos y el tamaño de cada hogar antes de concederlas. El monto de cada beca, en cambio, no está fijado por la ley federal.

“La libertad de elección educativa se está extendiendo más rápido que nunca”

Jonathan Butcher, director interino del Centro de Política Educativa de la Heritage Foundation, habló con VOZ sobre la importancia del programa. El experto aseguró que “la libertad de elección educativa se está extendiendo más rápido que nunca”.

“La nueva beca con crédito fiscal federal permitirá a las personas realizar contribuciones caritativas por un valor de hasta 1.700 dólares a organizaciones que otorgan becas. Los donantes recibirán un crédito fiscal por su donación. Es fundamental destacar que los Departamentos de Educación y del Tesoro están trabajando actualmente en las normas y reglamentos del programa para proteger a los estudiantes, a los donantes y a las escuelas privadas de regulaciones indebidas”, añadió.

Butcher también destacó la expansión de las políticas de libertad educativa a nivel estatal durante los últimos años, por ejemplo, a través de becas para escuelas privadas y cuentas de ahorro para la educación (ESA). Estas últimas permiten a las familias utilizar fondos asignados por el estado en cuestión para distintos gastos educativos, como la matrícula de una escuela privada, tutorías, materiales escolares u otras opciones autorizadas.

¿Todos los estados participan?

Según la legislación, los estados pueden elegir si participan o no del programa. A septiembre de 2026, 30 estados habían elegido participar, tanto demócratas como republicanos: Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Dakota del Norte, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.

Para que un contribuyente pueda donar a una SGO y reclamar el crédito, el estado donde está esa SGO tiene que haber elegido participar del programa y haber presentado ante el IRS la lista de SGOs elegibles.