La Corte Suprema evalúa si Carolina del Sur puede excluir a Planned Parenthood de Medicaid

La Corte Suprema escuchó este miércoles argumentos sobre la decisión de Carolina del Sur de eliminar a Planned Parenthood de su programa estatal de Medicaid. 

El conflicto, que enfrenta al estado contra pacientes y la organización, se centra en si la Ley de Medicaid garantiza a los beneficiarios el derecho a elegir libremente a cualquier proveedor calificado, un debate que ha escalado hasta el tribunal más alto del país tras años de litigios.

El caso comenzó con una orden ejecutiva firmada por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, en la que ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado retirar a clínicas de aborto, incluidas las dos de Planned Parenthood en el estado, de la lista de proveedores de Medicaid. 

Aunque la ley federal prohíbe usar fondos de Medicaid para financiar abortos, estas clínicas ofrecen servicios como pruebas de detección de cáncer, pruebas de embarazo y anticonceptivos, según informó Associated Press. 

Tras la orden, Julie Edwards, una paciente de Planned Parenthood, junto a la organización demandaron al estado, argumentando que la exclusión violaba sus derechos, según CBS News. Un tribunal federal de distrito impidió la medida, y el Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Cuarto Circuito confirmó esa decisión.

Durante la audiencia en la Corte Suprema, un abogado del estado argumentó que el Congreso "no utilizó un lenguaje claro de creación de derechos en ninguna disposición” sobre proveedores calificados en la Ley de Medicaid. 

"La disposición habla simplemente de obtener un beneficio de un tercero, a diferencia del lenguaje tradicional de creación de derechos que confiere un derecho directamente", afirmó, destacando que la ley no usa "derecho o su equivalente funcional, ni utiliza palabras con un pedigrí de creación de derechos profundamente arraigado". 

Sin embargo, la jueza Elena Kagan cuestionó esta postura: "El estado tiene la obligación de otorgar este derecho en particular, es decir, tiene la obligación de garantizar que una persona, no sé cómo decir esto sin decir derecho, tenga derecho a elegir a su médico. De eso se trata esta disposición. Es imposible siquiera decirlo sin usar la palabra derecho".

A lo que el abogado respondió: "Bueno, ese lenguaje en el que se centra —‘podría obtener’— no es un lenguaje claro que cree derechos por cuatro razones", a lo que Kagan replicó: "No quiero cuatro razones. Quiero que responda a mi pregunta".

El abogado insistió: "No voy a repasar mi lista. Hay muchas razones por las que ese análisis es erróneo, pero el simple hecho de que entendamos coloquialmente que algo podría ser un derecho no significa que el Congreso haya advertido claramente a un estado de que podría ser demandado en un tribunal federal en virtud de la Ley de 1983 y estar sujeto a responsabilidad y a la transferencia de honorarios de abogados si no cumple con esa disposición, en particular por una razón de cumplimiento sustancial".

Un largo recorrido judicial

En 2024, tras un fallo de la Corte Suprema en otro caso que permitió a residentes de residencias de ancianos demandar a centros de salud estatales por violaciones de derechos civiles, el Cuarto Circuito revaluó su decisión. 

En marzo, un panel de tres jueces dictaminó unánimemente que la demanda de Edwards podía seguir adelante. 

En esa misma línea el juez Harvie Wilkinson escribió: "Este caso trata, y siempre ha tratado, sobre si el Congreso otorgó a los beneficiarios de Medicaid un derecho individualmente exigible a elegir libremente a su proveedor de atención médica. Preservar el acceso a Planned Parenthood y otros proveedores significa preservar una opción asequible y una atención de calidad para un número incalculable de madres y bebés en Carolina del Sur". 

Pero, Carolina del Sur solicitó a la Corte Suprema revisar esta decisión, planteando la pregunta específica de si "la disposición de la Ley de Medicaid sobre cualquier proveedor calificado confiere inequívocamente a un beneficiario de Medicaid un derecho privado a elegir un proveedor específico". 

La resolución de este caso podría determinar si los estados tienen la autoridad para excluir a proveedores como Planned Parenthood de Medicaid por motivos no relacionados con su calificación.