Golpe judicial a Trump: un juez frena el desmantelamiento de USAID por posible inconstitucionalidad

Un juez federa l de distrito en Maryland ha emitido una orden que frena indefinidamente el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), parte de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump para mejorar la eficiencia gubernamental y eliminar el despilfarro.

En un documento publicado este martes, el juez Theodore Chuang determinó que la Administración probablemente violó la Constitución al cerrar la agencia sin la aprobación de un funcionario debidamente designado. Por ello, ordenó la restauración del acceso al correo electrónico y a los equipos de trabajo para todos los empleados, incluidos aquellos en licencia administrativa. Chuang destacó que el cierre de la sede y el sitio web de USAID sugiere su eliminación efectiva, lo que podría entrar en conflicto con la normativa vigente.

"La evidencia actual favorece la conclusión de que, contrariamente a la afirmación generalizada de los demandados de que Musk actuó solo como asesor, Musk tomó las decisiones de cerrar la sede y el sitio web de USAID a pesar de que carecía de la autoridad para tomar esa decisión", escribió el juez en su fallo.

Estrategia para la eficiencia y reducción del gasto

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Trump ha priorizado la eliminación del gasto innecesario en el Gobierno federal. Como parte de esta estrategia, se creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con el multimillonario Elon Musk en calidad de asesor. La Administración ha defendido la reestructuración de USAID como una medida necesaria para erradicar el fraude y la mala gestión en los programas de ayuda internacional.

En febrero, se suspendió temporalmente a la mayoría del personal internacional de USAID y se notificó a 1.600 empleados en EEUU sobre la terminación de sus contratos. 

Un nuevo desafío legal

El fallo judicial surge en respuesta a una demanda presentada por el Fondo Estatal para la Defensa de la Democracia, una organización que se opone a las medidas de la Administración.

La Casa Blanca y el Departamento de Eficiencia Gubernamental no han emitido declaraciones sobre el fallo. Sin embargo, la Administración ha reiterado en ocasiones anteriores que su compromiso es garantizar que los recursos de los contribuyentes sean utilizados de manera eficiente y que cualquier programa federal que no cumpla con este principio será reevaluado o eliminado.

Con este fallo judicial, la Administración Trump enfrenta un nuevo desafío legal en su esfuerzo por transformar la estructura burocrática del Gobierno y redirigir los recursos hacia prioridades nacionales más urgentes.