La Corte Suprema frena la directiva de Donald Trump para restringir tratamientos médicos a reclusos transgénero
La alta corte rechazó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia que buscaba reactivar las restricciones a procedimientos quirúrgicos, terapias hormonales y acomodaciones sociales en el sistema penitenciario federal.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este miércoles un recurso de emergencia presentado por la administración del presidente Donald Trump para poner en marcha una nueva normativa del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés).
La medida gubernamental buscaba poner fin a las intervenciones médicas, tratamientos hormonales y acomodaciones sociales para los reclusos diagnosticados con disforia de género dentro del sistema penitenciario.
Mediante una breve providencia no firmada, la alta corte dejó intacta la resolución de un tribunal inferior que mantiene congelada la directiva ejecutiva. Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas fueron los únicos miembros del tribunal que expresaron públicamente su postura a favor de permitir que el Gobierno aplicara el cambio regulatorio.
El origen de la disputa y la directiva de la Casa Blanca
La controversia legal se desencadenó tras la emisión de una orden ejecutiva impulsada por el presidente Trump que prohibió el uso de fondos federales para procedimientos o tratamientos médicos destinados a reclusos transgénero bajo custodia federal.
En respuesta al mandato presidencial, el Buró de Prisiones estableció en febrero que no proporcionaría cirugías ni terapias de reemplazo hormonal, contemplando un plan de retirada progresiva para los internos que ya recibían este tipo de medicación.
La normativa prohibía asimismo la entrega de artículos de acomodación social dentro de los establecimientos penitenciarios. En un memorando explicativo, la agencia gubernamental justificó la decisión argumentando la necesidad de adaptar las normas a consideraciones complejas de seguridad interna y administración correccional, ajustando la atención a las prioridades operativas del sistema.
Los argumentos del Departamento de Justicia y el freno en los tribunales
En la apelación enviada a la Corte Suprema, el procurador general D. John Sauer sostuvo que la medida es clave para garantizar la seguridad institucional y defender la facultad del Ejecutivo para fijar políticas públicas en el ámbito federal. Sauer argumentó que la agencia evaluó debidamente que dichas intervenciones no resultan técnicamente indispensables para la gestión penitenciaria.
Sin embargo, las instancias judiciales previas congelaron la directiva. El juez de distrito Royce Lamberth determinó previamente que la administración violó el procedimiento federal al modificar abruptamente las pautas sanitarias vigentes desde 1992.
Posteriormente, un panel del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC confirmó el bloqueo, señalando que el Buró de Prisiones no evaluó adecuadamente su propia experiencia histórica ni justificó suficientemente la urgencia del cambio.
Con esta decisión de la Corte Suprema, la suspensión de la medida gubernamental continuará vigente mientras prosigue el litigio de fondo en las cortes federales.
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