La Corte Suprema le da la razón a Biden contra Texas y Luisiana en la demanda por la política de deportación

La Corte Suprema de los Estados Unidos (Scotus) falló este viernes a favor de la Administración Biden y su política migratoria. Los miembros de la Scotus votaron en contra de la demanda liderada por Texas contra las medidas fronterizas que aplicó el DHS y que redujeron el número de deportaciones en la frontera sur.

Los miembros de la Scotus votaron a ocho contra uno en este caso. Tan sólo el juez Samuel Alito dio la razón a los estados demandantes. "En resumen, los estados han presentado una demanda extraordinariamente inusual. Quieren que un tribunal federal ordene al Poder Ejecutivo que modifique su política de detenciones con el fin de efectuar más detenciones. Tradicionalmente, los tribunales federales no han admitido este tipo de demandas; de hecho, los Estados no citan ningún precedente de una demanda como ésta", señaló el juez de la Scotus Brett Kavanaugh en la sentencia.

En concreto los estados sureños denunciaron una serie de directrices para la aplicación de la ley por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El departamento de Mayorkas pretendía imponer una moratoria de 30 días a las deportaciones del Servicio de Control de la Inmigración y Aduanas (ICE). A su vez, las detenciones en la frontera debían de ser más escasas y atenerse a una serie de condicionantes.

Mayorkas defendió estas directrices como la forma más eficiente de hacer uso de los entonces limitados recursos con los que contaban las agencias federales con presencia en la frontera sur. Texas sostuvo que las medidas de Mayorkas suponían un grave descontrol en la frontera e incentivaban al caos. A consecuencia de estas medidas del DHS, las deportaciones cayeron en picado durante el año fiscal 2022.

Aunque la Scotus no dio alas a la demanda de los estados contra el Gobierno federal, las directrices del DHS para el control de fronteras fueron bloqueadas por un juez federal de distrito de Texas. El juez Drew Tipton dictaminó que Texas tenía capacidad legalidad para presentar el caso porque podía demostrar que el estado se vio perjudicado cuando extranjeros ilegales que deberían haber sido detenidos por el Gobierno federal llegaron a Texas y cometieron delitos en él.