Por qué la operación ‘beeper’ contra Hezbolá no violó el derecho internacional

Los expertos Arsen Ostrovsky, John Spencer y Mark Goldfeder refutaron, con una detallada explicación en un artículo publicado recientemente en Newsweek, la afirmación de que la quirúrgica e histórica operación atribuida a Israel la semana pasada contra miles de terroristas de Hezbolá violó el derecho internacional.

El ataque, que consistió en las explosiones repentinas y sorpresivas de beepers y walkie talkies de miles de terroristas de Hezbolá, en lo que pareció ser una operación orquestada por la inteligencia israelí, resultó ser una hazaña histórica también debido a su precisión. Sin embargo, generó el repudio de ciertas personalidades de izquierda y algunas organizaciones que decidieron condenar el ataque contra el grupo yihadista libanés en el marco del conflicto entre el Estado judío en Gaza y en la frontera con el Líbano. 

Uno de los críticos fue la organización Amnistía Internacional, para la cual “las explosiones masivas de dispositivos electrónicos en el Líbano y Siria en los últimos días tienen las características de una pesadilla distópica siniestra”.

La agrupación agregó que “el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques que no distinguen entre civiles y objetivos militares, y prohíbe el uso de este tipo de trampas explosivas”, a pesar de que los dispositivos que estallaron pertenecían exclusivamente a miembros de Hezbolá.

La representante estadounidense de extrema izquierda Alexandria Ocasio-Cortez se unió al repudio a la operación antiterrorista, afirmando que “este ataque viola clara e inequívocamente el derecho internacional humanitario y socava los esfuerzos de Estados Unidos para prevenir un conflicto más amplio”. Y llamó al Congreso a realizar “un informe completo del ataque, incluida una respuesta del Departamento de Estado sobre si hubo alguna ayuda estadounidense para el desarrollo o despliegue de esta tecnología”.

El presidente francés Emmanuel Macron también repudió la operación, e incluso se comunicó con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para recriminarle por la situación en Medio Oriente. "Tienes la responsabilidad de evitar una escalada. Hay una vía diplomática. Este es el momento de mostrar liderazgo y responsabilidad. Tus acciones en el norte están empujando a la región hacia la guerra", expresó el líder francés. 

Sin embargo, el mandatario israelí no se quedó callado. "En lugar de presionarnos a nosotros, es hora de que presionen a Hezbolá”, respondió Netanyahu. “Vamos a traer a nuestros ciudadanos de vuelta a casa. Esa es una decisión que tomamos esta semana y la implementaremos", agregó, en clara referencia a las decenas de miles de habitantes del norte de Israel que debieron abandonar sus hogares por los ataques perpetrados por Hezbolá y aún esperan poder regresar a sus comunidades.

Estas críticas fueron solo algunas de las que se expresaron desde Occidente, en contraste con la alegría expresada incluso por muchos árabes y musulmanes en la región. 

Hezbolá, y no Israel, es quien viola el derecho internacional

Por este motivo, Ostrovsky, Spencer y Goldfeder decidieron explicar en su artículo los motivos por los cuales la operación atribuida a Israel se enmarca dentro del derecho internacional. 

Los autores indicaron que desde que se desató la guerra en la Franja de Gaza tras la masacre del 7 de Octubre perpetrada por Hamás y otros grupos terroristas en el sur de Israel, Hezbolá disparó 8,500 cohetes contra Estado judío, y cada uno de ellos constituye un crimen de guerra incuestionable, ya que fueron disparados indiscriminadamente.

Los ataques del grupo terrorista libanés mataron a 47 personas, incluidos 12 niños que fueron alcanzados por misiles mientras jugaban al fútbol en la masacre del poblado druso Majdal Shams el pasado julio. Además, más de 80,000 israelíes han sido desplazados de sus hogares en el norte del país por las ofensivas terroristas de Hezbolá. 

Los expertos añadieron que la defensa de Israel está protegida por el derecho internacional, incluyendo pero no limitado al Artículo 51 de la Carta de la ONU, según el cual un integrante de las Naciones Unidas tiene derecho a la legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ser atacado, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.

La operación, que Israel no se ha adjudicado, está completamente justificada y en plena conformidad con el derecho internacional, insistieron los autores. Y remarcaron que el histórico ataque interrumpió las capacidades terroristas e infraestructura de Hezbolá; restableció la disuasión israelí y le proporcionó un duro golpe a la agrupación islamista radical apoyada por Irán, ya que se percataron de que ninguno de sus miembros está a salvo, incluso Hassan Nasrallah, su líder.

Los autores indicaron en el artículo que es necesario comprender el contexto del conflicto y no dejarse influenciar por aquellos que apuntan contra Israel. En este sentido, subrayaron que Hezbolá es una organización terrorista yihadista que cuenta con un ejército permanente que está financiado y abastecido por Irán. Y agregaron que, al igual Hamás, tiene el objetivo genocida de aniquilar a Israel y asesinar a todos los judíos.

Los especialistas explicaron que si bien el uso de trampas explosivas en dispositivos de comunicación está prohibido en ciertas situaciones, según el Artículo 7 del Protocolo II enmendado de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de 1980, lo cierto es que de acuerdo con el Artículo 52 de los Protocolos Adicionales a la Convención de Ginebra I, este tipo de operaciones están permitidas cuando los aparatos ya no se utilizan con fines civiles, lo cual es el que caso de Hezbolá, ya que eran usados por los miembros de este grupo para planear ataques terroristas. De este modo, los beepers y los walkie talkies constituían objetivos militares legítimos. 

Además, el Principio de Distinción, uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH), indica que los bandos de un conflicto armado deben distinguir entre civiles y combatientes, lo cual fue tenido en cuenta por aquel que llevó a cabo la operación en el Líbano y Siria, ya que el blanco de los ataques fueron únicamente terroristas de Hezbolá. De hecho, los dispositivos fueron adquiridos por este grupo islamista y distribuidos entre sus miembros con el fin de evitar ser detectados por los servicios de inteligencia israelíes.

Según las leyes de la guerra, las partes también deben cumplir con la Doctrina de Proporcionalidad, expresaron los autores en el artículo. Esta norma exige que cualquier pérdida anticipada de vidas civiles no sea excesiva en comparación con la ventaja potencial que pueda obtener de una operación. Asimismo, afirma que se deben tomar todas las medidas necesarias para reducir el daño colateral. 

La ventaja militar buscada con esta operación consistió en detener el lanzamiento de misiles por parte de Hezbolá, que más de 80,000 residentes del norte de Israel puedan regresar a sus hogares y causar un importante daño a las capacidades del grupo terrorista.

De hecho, 4,000 miembros de Hezbolá fueron heridos por las explosiones en los beepers y solo un pequeño número de civiles resultaron dañados, lo que indica que se trató de una operación quirúrgica y proporcional, por lo que cumplió con el derecho internacional.