Venezuela: se cumplen seis años del asesinato de Óscar Pérez, el oficial que se alzó contra Maduro

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe que el régimen chavista es responsable "por la violación de los derechos a la vida e integridad personal" del expolicía.

Este lunes se cumplen seis años de la muerte de Óscar Pérez, el inspector de la Policía Judicial venezolana (CICPC) que fue asesinado luego de que se rebelara contra Nicolás Maduro y su régimen.

La operación en la que fue ejecutado Pérez, conocida como la Masacre del Junquito (que hace referencia al lugar en la que que se llevó a cabo), tuvo gran cobertura mediática debido a que Pérez transmitió el momento en su cuenta de Instagram en vivo. En el hecho también fueron asesinados Daniel Soto, Abraham Israel Agostini, José Diaz Pimentel (funcionario sublevado de la Dirección General de Contrainteligencia Militar), Jairo Lugo (funcionario sublevado de la Guardia Nacional), Abraham Lugo (funcionario sublevado de la Guardia Nacional) y Lisbeth Ramírez.

El ataque contra Pérez se dio luego de que, tras las protestas antigubernamentales de 2017, el inspector liderara un movimiento de rebelión contra el régimen socialista. El 27 de junio de 2017, robó un helicóptero de la policía y lanzó granadas -que no dejaron heridos ni instalaciones afectados- a dos edificios gubernamentales. En la madrugada del 15 de enero de 2018, unos quinientos agentes de distintas fuerzas del Gobierno llevaron a cabo una redada contra su escondite ubicado en El Junquito, una parroquia al oeste de Caracas.

Las acciones del régimen se dieron a pesar de que Pérez y sus compañeros se rindieran y pidieran a las fuerzas policiales negociar. 

Condena internacional al asesinato de Óscar Pérez

El hecho fue condenado por parte de la oposición venezolana que pidió una investigación sobre el caso. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso 14.178 respecto de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 11 de octubre de 2023 por el caso y por la situación de impunidad.

"Los hechos ocurrieron en enero de 2018, cuando alrededor de 500 fuerzas de seguridad atacaron la residencia en El Junquito donde se encontraban Oscar Pérez y otras seis víctimas. A pesar de que, tal y como lo muestran diversos videos grabados por Oscar Pérez, las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición para iniciar una negociación, las autoridades estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo", resaltó la CIDH en la página oficial de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"El Estado venezolano es responsable"

"Las autopsias y fotos publicadas en medios indicaron ejecuciones con 'tiros de gracia'. Posteriormente, familiares enfrentaron intimidaciones y el Estado no les permitió realizar un funeral adecuado", agregó la OEA.

Una de las personas que publicó las imágenes de la autopsia fue Luisa Ortega Díaz, que fue fiscal general de Venezuela hasta el año 2017 cuando también denunció el asesinato del estudiante Juan Pablo Pernalete en manos de los funcionarios del régimen de Maduro en las protestas antigubernamentales.

De igual manera, la OEA explicó que "en el informe de fondo, la Comisión Interamericana concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del Estado fue incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas. La Comisión señaló que las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal".

En cuanto a las garantías judiciales, la Comisión observó, entre otros elementos, la falta de documentación sobre la apertura de una investigación, junto con la demolición del lugar de los hechos y la ausencia de preservación de evidencia.

De igual manera, la Comisión "concluyó que el Estado venezolano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de conciencia y religión y protección judicial, en perjuicio de las personas identificadas en cada una de las secciones del informe".

Pero, además, el caso también se conoció en Estados Unidos. En el año 2019, el entonces presidente Donald Trump conversó con la madre de Óscar Pérez. El republicano la invitó a un evento en el que destacó el liderazgo de Pérez e insistió en un cambio político en Venezuela. 

"Óscar fue un hombre increíble que no habrá muerto en vano", dijo Trump luego de que la mamá del inspector le pidiera que impulsara la Justicia y la libertad en Venezuela.