La jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fue imputada -junto con otras cinco personas- por los cargos de "asociación para delinquir" y "trata de personas" debido a su participación en una red de "explotación laboral" que buscaba ciudadanos venezolanos para trabajar en "diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana".
Según en el texto formal, las víctimas fueron más de 30 venezolanos que trabajaban en una cantera de piedras preciosas, y uno de ellos fue quién introdujo la denuncia.
Los venezolanos eran trasladados a Uruguay con la promesa de recibir pagos de entre $1.500 y $2.000. Las ofertas de trabajo se difundían mediante la red de Telegram y tenían entrevistas por videollamadas donde los imputados les ofrecían los pagos, alojamiento, comidas y hasta seguro médico. El horario laboral sería de 8 horas, pero las personas trabajaron casi 12 horas por día y recibieron un pago máximo de 250$. Es decir, las condiciones de trabajo nunca fueron cumplidas.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los acusados. Pero el juez del caso tomó la decisión de aplicar las medidas de "obligación de fijar domicilio, prohibición de abandonar el territorio nacional y retención de sus documentos de viaje, prohibición de comunicación y acercamiento a las víctimas, arresto domiciliario nocturno y uso de dispositivo de monitoreo electrónico".
En el Departamento de Artigas (fronterizo con Brasil y Argentina), la fiscal Sabrina Massaferro fue quien realizó la acusación y narró los hechos:
Fue así que este grupo de migrantes engañados aceptó la propuesta debido a la crisis económica que están viviendo en su país partiendo en ómnibus el día 9 de enero desde la Ciudad de Anaco hacia la Ciudad de Santa Elena. Cruzaron la frontera con Brasil, y después de cuatro escalas, llegan finalmente a San Pablo donde embarcan en avión hacia la ciudad de Montevideo.
Los pasajes de Venezuela a Uruguay fueron comprados por los imputados. La fiscal Massaferro aseguró que Mora Pintos se presentó frente a las víctimas en el aeropuerto "como abogada de la empresa". Unos días después, les retuvo sus documentos y "les hizo firmar una declaración jurada y los contratos debieron firmarlos sin previa lectura".
El texto de el caso concluyó :
Los imputados integran un grupo criminal organizado con fines de explotación laboral; que busca el lucro económico a partir del comercio con seres humanos, participando en el reclutamiento, transporte, acogida de migrantes de extrema vulnerabilidad social los que eran sometidos a diferentes actividades que menoscaban su dignidad humana.
