El Subdirector de Política de Fronteras e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), reconoció que la política migratoria de la Administración Biden está favoreciendo el negocio del tráfico de personas hacia EEUU. Blas Núñez-Neto admitió que los sin papeles están pagando entre 10.000 y 15.000 dólares por persona a los cárteles y traficantes con la esperanza de cruzar la frontera y conseguir un permiso de trabajo mientras esperan el juicio sobre su posible deportación, un proceso que se prolonga durante años.
Los cárteles extienden sus redes hasta Colombia y el Darién
En un webinar organizado por el Migration Policy Institute, el subdirector apuntó que el pago de elevadas sumas a los cárteles o traficantes se está extendiendo más allá de México. Según Núñez-Neto, lo lucrativo del negocio ha permitido a los delincuentes extender sus redes hasta Colombia, el Darién o incluso Venezuela, donde sus agentes captan a inmigrantes a quienes embarcar en el peligroso viaje a través del continente.
En la actualidad, los migrantes pagan sistemáticamente a las organizaciones de contrabando grandes sumas de dinero -a menudo más de 10.000 o 15.000 dólares- para facilitar su viaje a la frontera. Esto es tan lucrativo [para los cárteles], de hecho, que ahora estamos viendo que los cárteles de la droga se están convirtiendo cada vez más en un actor clave no sólo en la 'recaudación de impuestos' para las personas que transitan por su territorio [en el norte de México] -que es lo que hemos visto históricamente-, sino que en realidad mueven a las personas y se involucran profundamente en el contrabando de personas, no sólo en México, sino en toda la región, incluyendo, ya sabes, en Colombia y la región del Darién.
Entre cuatro y seis años para celebrarse el juicio de deportación
Uno de los argumentos clave para convencer a los inmigrantes de dar el primer paso hacia EEUU es la promesa de que, una vez consigan cruzar la frontera y tras encontrarse con agentes de la Patrulla Fronteriza, serán puestos en libertad con un permiso de trabajo y el aviso de que recibirán una citación judicial para determinar su permanencia o expulsión en el país. Un proceso que en estos momentos se demora entre 4 y 6 años, según el subsecretario.
¿Por qué alguien pagaría tanto dinero para venir a la frontera? Y creo que la respuesta sencilla es que... una vez que están en el sistema judicial de inmigración y han presentado la documentación [de asilo] requerida, pueden optar a la Autorización de Empleo -que obviamente es algo que apoyamos-, pero eso significa que tienen años para vivir en Estados Unidos y pasar por el proceso [de asilo] y ganar dinero y mantener a sus familiares en casa durante ese proceso... Creo que estamos viendo que el sistema judicial [de asilo] se está convirtiendo esencialmente en una vía legal sustitutiva para que la gente venga a Estados Unidos y trabaje mientras está aquí.
Precisamente en la lentitud de la justicia es el principal problema, según Núñez-Neto, obviando la política de capturar y liberar de su Administración. El Departamento de Estado denunció que, en estos momentos, hay un atasco de unas 842.000 solicitudes de asilo en los juzgados, que podrían superar el millón en 2024.
