Este lunes los españoles vivieron un episodio insólito: una manifestación contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez en las inmediaciones de la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se saldó con tres detenidos por desobediencia y atentado contra la autoridad, después de que la Policía disparase gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
🇪🇸 #España | 🚨PEDRO SÁNCHEZ SIGUE LOS PASOS DE LOS TIRANOS MÁS SANGUINARIOS DE IBEROAMÉRICA
El régimen de Sánchez atacó con gas lacrimógeno y balas de foam a una multitudinaria protesta pacífica que reclamaba frente a la sede del PSOE por la amnistía a los delincuentes que… pic.twitter.com/heH8zEUMcq
— Foro Madrid (@Foro_MAD) November 6, 2023
¿Por qué protestan los españoles?
Los ciudadanos han salido a las calles para protestar en contra de una ley de amnistía que Pedro Sánchez pretende aprobar para dar beneficio a los partidos independentistas -aquellos que promueven que algunas regiones como Cataluña se independicen de España-. La ley formaría parte de los pactos que el Partido Socialista está logrando con partidos como Junts para formar Gobierno.
La semana pasada, ambos partidos alcanzaron un pacto que incluye aprobar una amnistía para los políticos catalanes condenados por el intento de independizarse en 2017. El acuerdo, según los medios locales, amplía el beneficio a asociaciones civiles independentistas catalanas investigadas por delitos de terrorismo. Los pactos se dan en un momento en el que Pedro Sánchez necesita siete votos en el Congreso para lograr su investidura nuevamente como presidente del Gobierno.
Uno de los beneficiados, por ejemplo, podría ser Carles Puigdemont, que fue presidente de Cataluña de 2016 a 2017 hasta que fue destituido de su cargo por el Gobierno español tras la declaración unilateral de independencia catalana. El 30 de octubre de 2017 se presentaron cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos contra Puigdemont y otros miembros de su Gobierno. Puigdemont, junto con otros, huyó a Bélgica y se emitieron órdenes de detención europeas (ODE) contra ellos.
Entre tanto, en los últimos días, el malestar en la población por esa amnistía ha ido creciendo por considerar que beneficia a aquellos que intentaron acabar con la unidad territorial de España y que sería una decisión contraria a la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Por ello, se han convocado diferentes manifestaciones en contra del Gobierno socialista de Sánchez.
Las reacciones de la oposición
Santiago Abascal, líder del partido de derecha Vox y diputado del Congreso, respaldó el llamado a manifestación a las afueras del PSOE. Además, Abascal sostuvo que tomará medidas legales en contra de Fernando Grande-Marlaska por la acción de control ejercida por la Policía. También aseguró que la derecha debe mantenerse manifestando en contra de la amnistía y pidió al Partido Popular (líder de la oposición) hacer convocatorias para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la protesta.
"Cuando el pueblo español protesta legal y pacíficamente, ese mismo político, ese aprendiz de tirano, ordena a la policía emprenderla a porrazos y con gases lacrimógenos contra el pueblo", dijo Abascal en unas declaraciones recogidas por El Debate.
Abascal también cuestionó que haya privilegios para los delincuentes a cambio de ser presidente del Gobierno y por el contrario resaltó que hay "porras y gases lacrimógenos para los ciudadanos que solo exigen que la ley sea igual para todos".
Mientras, en el Partido Popular son más prudentes. Se desmarcaron de la manifestación de este lunes, pero convocaron a nuevas protestas para el fin de semana:
Vamos a liderar la contestación social e institucional a la rendición de nuestro país con la misma estrategia que ha sacado a la calle a decenas de miles de personas en convocatorias organizadas por el Partido Popular.
Con los ciudadanos en las calles defendiendo su Estado de derecho y la integridad de su territorio, algunos magistrados han advertido que aprobar la amnistía sería una violación a la Constitución.
"Utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política, constituye una perversión del régimen constitucional, porque nada impediría que mayorías coyunturales en la composición de las Cortes impongan su criterio por encima de las exigencias constitucionales, al amparo de que una norma con ese rango no puede ser cuestionada por los ciudadanos", dijo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una declaración institucional aprobada este lunes en un Pleno extraordinario y difundida por El Mundo.
