Las autoridades migratorias no podrán liberar a los inmigrantes que cruzaron la frontera sur sin que antes tengan una cita judicial. Así lo determinó el juez T. Kent Wetherell II, que emitió una sentencia horas antes de que finalizara el Título 42 en respuesta a una demanda de la fiscal Ashley Moody contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El magistrado frustró así, por lo menos por dos semanas, el plan de la Administración para reducir el hacinamiento en las instalaciones de las patrullas fronterizas a raíz del levantamiento de las restricciones migratorias. Esta nueva política se reveló en un memorando firmado por el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz, esta misma semana días antes del levantamiento del Título 42.
El texto, titulado Política sobre libertad condicional con condiciones en circunstancias limitadas antes de la emisión de un documento de acusación (libertad condicional con condiciones), explicaba que las autoridades en la frontera sur podrían dejar ir a los inmigrantes capturados dentro del país sin que antes sean procesados por la corte.
Así, el Gobierno pretendía acelerar los procesamientos en las instalaciones que viesen superada su capacidad. Las personas liberadas se irían con un permiso de libertad condicional y con una advertencia de que debían presentarse dentro de los siguientes 60 días ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Críticas del juez
"La frontera suroeste ha estado fuera de control durante los últimos 2 años", escribió Wetherell en su sentencia. Reconoció que hay una "crisis" e incluso citó al propio Biden, que admitió que la frontera se encuentra en una situación caótica hace años y que continuará así tras el fin del Título 42.
Este problema (la crisis migratoria) es, en gran medida, obra de los propios demandados (el DHS) a través de la adopción y aplicación de políticas que han fomentado la llamada "inmigración irregular" que se ha convertido en bastante regular en los últimos 2 años.
Si el problema es de tan larga data, ¿por qué el DHS esperó hasta el último día para implementar una nueva política migratoria? Eso mismo se plantea el magistrado, al señalar que el memorándum no provee la respuesta. Además, detalló varias fallas en el plan, incluyendo la falta de un método para rastrear a los inmigrantes liberados.
Pero la concesión de la libertad condicional en virtud de la política impugnada no impone ninguna restricción sobre dónde pueden ir los extranjeros ni exige la vigilancia electrónica o cualquier otra salvaguardia para rastrear la ubicación de los extranjeros una vez liberados en el país.
El texto del jefe de la Patrulla Fronteriza tampoco determina quién es responsable de encontrar a las personas que no se presenten ante el ICE. Además, según el juez, el período de 60 días podría extenderse indefinidamente.
El memorando afirma que la concesión "inicial" de la libertad condicional "debe ser generalmente de 60 días", lo que sugiere que podría haber circunstancias en las que la libertad condicional podría ser concedida inicialmente por más de 60 días y/o que la libertad condicional podría ser prorrogada a través de subvenciones posteriores.
El memorándum proponía que la CBP evaluaría caso por caso si el inmigrante era peligroso. Wetherell señaló, sin embargo, que los agentes deberían realizar esta evaluación sin una información esencial: los antecedentes penales de la persona. Estos solo puede obtenerlos la corte, por lo que los oficiales deberían tomar una decisión con premura dependiendo solo de la palabra del inmigrante.
La nueva medida, asimismo, es "materialmente indistinguible" de otra política ya derogada en Florida, la llamada "Parole+ADT".
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Segundo strike de la fiscal Moody
Con la decisión del juez Wetherell, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, obtuvo su segundo éxito judicial contra las políticas migratorias de Biden.
Moody sostuvo en su demanda contra el memorándum de la Patrulla Fronteriza que sus nuevas normativas permitirían la liberación "masiva" de inmigrantes dentro de Estados Unidos. Desde su oficina incluso situaron la cifra en 700.000.
Aseguró también que la estrategia desvelada esta semana era idéntica a la que ella misma había denunciado a principios de año, y que el juez Wetherell ya había declarado ilegal.
Tomamos medidas rápidas para proteger al pueblo estadounidense del plan ilegal de Joe Biden para liberar a miles de imigrantes cuando venza el Título 42 dentro de una hora. Agradezco la rápida decisión del juez federal.
We took swift action to protect the American people from @JoeBiden’s unlawful plan to release thousands of illegal immigrants when Title 42 lifts in an hour.
I am grateful for the quick decision by the federal judge.https://t.co/uv6natkL83 https://t.co/hgJMuNLIJL
— AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) May 12, 2023
