La Justicia Argentina reabrió una investigación contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, alegando "graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad". La causa fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y aceptada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
El fallo de los magistrados ordenó llevar adelante lo solicitado por el fiscal, entendiendo que resulta imprescindible para "contrapesar el accionar delictivo ejecutado por las autoridades estatales del gobierno venezolano”.
Entre los imputados en la causa aparecen Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y "todos aquellos identificados como responsables" de "las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad".
El trasfondo de la investigación contra Maduro
La investigación inicial también fue impulsada por el fiscal Stornelli en julio del 2023, a raíz de una denuncia presentada por la Fundación George Clooney en los tribunales de Cómodoro Py. El objetivo era determinar si se habían cometido violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Para llegar al fondo de la cuestión, el fiscal pidió informes a jueces y fiscales venezolanos, como así también al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Argentina debe investigar las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal”, se leía en la denuncia inicial.
A su vez, el texto señalaba una negativa de las autoridades judiciales venezolanas a investigar a “eslabones de la cadena de mando de Guardia Nacional Bolivariana y los intercambios de información registrada en su seno”.
Dicha causa fue recibida por el juez Sebastián Ramos, quien la anexó a otras ya existentes. En una de ellas, el fiscal Gerardo Pollicita había dictaminado que no correspondía proceder porque la Corte Penal Internacional (CPI) investigaba desde 2018 una denuncia similar contra Maduro que promovieron los presidentes de cinco países: Argentina, Colombia, Chile, Canadá, Paraguay y Perú.
Por lo tanto, el juez Ramos dispuso archivar la causa y ordenó remitir el expediente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, un grupo de víctimas apeló e indicó que “ese criterio no puede ser compartido porque no se ha determinado que los casos llevados a conocimiento de la CPI sean los mismos que fueron denunciados en este proceso, para su investigación” y porque la actuación del fiscal Pollicita se vio “superada por la ampliación del requerimiento de instrucción presentado por el fiscal Carlos Stornelli el 21 de febrero”.
