La Administración Biden no comprueba los antecedentes de los empleados que cuidan a menores extranjeros no acompañados

Según un informe público, algunos trabajadores de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados habrían cometido delitos que les impedirían trabajar con niños o adolescentes en los centros.

Nueva muestra de la mala gestión de la Administración Biden en la frontera sur. La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) denunció las carencias en la labor de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) respecto a los menores extranjeros no acompañados que entran en Estados Unidos desde México. En 2022, hubo en torno a 150.000 encuentros con niños o adolescentes que trataban de ingresar en el país sin la compañía de sus padres o tutores legales.

Tras revisar los antecedentes de 259 empleados federales de once centros de acogida de menores y a treinta transportistas vinculados a un contratista de la ORR. la OIG publicó un informe titulado La Oficina de Reasentamiento de Refugiados necesita mejorar sus prácticas de comprobación de antecedentes durante las afluencias en el que evidenció que la ORR "no realizaba ni documentaba todas las comprobaciones de antecedentes exigidas o las realizaba a destiempo" a varios de sus empleados. De hecho, detalló que algunos de estos trabajadores habían cometido delitos "que podrían haber hecho que el empleado no fuera apto para trabajar con niños en un entorno de cuidado infantil".

La OIG afirmó que la comprobación de antecedentes es obligatoria y "son un componente esencial del proceso de selección de los empleados que trabajan con niños".

La ORR tampoco "exigió al contratista de servicios de transporte que revisamos que realizara verificaciones de antecedentes de los empleados, como lo exigen las normas mínimas de la agencia". En su informe, la OIG denunció la falta de coherencia de la ORR "con la emisión de exenciones para los controles de huellas dactilares del FBI y los controles de abuso infantil y negligencia para los empleados en los sitios de admisión de emergencia". Señaló, además, que "es posible que las comprobaciones de los registros públicos utilizadas por los centros de acogida de emergencia no fueran fiables y que varios centros de acogida de emergencia no garantizaban un acceso seguro a las instalaciones".