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La justicia rodea a Donald Trump

El expresidente responde a la demanda por fraude de la fiscal general de Nueva York mientras el Departamento de Justicia accede a la documentación de Mar-a-Lago.

Donald Trump defendió la legalidad de todos sus negocios y propiedades y arremetió contra la fiscal James después de interponer una demanda contra él. "Es una caza de brujas interesada", señaló el expresidente en una entrevista en Fox News. Aparte, Trump Organization consideró las acusaciones reflejadas en la demanda como "infundadas" y negaron haber cometido algún delito.

Por su parte, la abogada de Trump Alina Habba en declaraciones a la CNN, asoció la demanda a la "agenda política" de la Fiscalía General de Nueva York y no a "hechos":

La demanda no se centró ni en los hechos ni en la ley, más bien se centró únicamente en el avance de la agenda política del Fiscal General. Estaba muy claro que la Fiscalía General se excedió en su autoridad estatutaria al entrometerse en transacciones en las que no se produjo absolutamente ninguna infracción.

Demandado por fraude

La Fiscalía General de Nueva York interpuso una demanda civil contra el expresidente y sus tres hijos mayores (Donald Jr., Ivanka y Erik) por, presuntamente, cometer delitos de fraude. Aparte, también figura en la demanda el contable de la corporación de Trump Allen Weisselberg.

Según la acusación de la fiscal general neoyorquina Letitia James, miembro del Partido Demócrata, Trump y sus primogénitos inflaron el valor de varias de sus grandes propiedades y rebajaron la factura fiscal para enriquecerse. Entre estas propiedades se encuentran el edificio de la Quinta Avenida de Nueva York, el rascacielos de Wall Street o la residencia de Mar-a-Lago.

James señaló que el expresidente y sus hijos cometieron más de 200 fraudes durante más de diez años según se constataban en los informes económicos anuales de Trump Organization.

En la demanda, la fiscal James argumentó que Trump Organization (con el expresidente y sus tres hijos como altos ejecutivos de la corporación) sobrevaloraron los inmuebles con el fin de engañar a las aseguradoras y entidades financieras para obtener pólizas más adecuadas:

Las declaraciones de la situación financiera fueron muy exageradas, groseramente infladas, objetivamente falsas y, por tanto, fraudulentas e ilegales. Estos actos de fraude y tergiversación eran de naturaleza similar, fueron cometidos por la alta dirección de la Organización Trump como parte de un esfuerzo común para cada declaración anual, y fueron aprobados en los niveles más altos de la Organización Trump, incluyendo por el propio Sr. Trump.

250 millones de dólares

La fiscal general pidió que Trump y sus allegados paguen 250 millones de dólares, una cifra estimada del dinero que presuntamente defraudaron. Además, también solicita la supervisión de la contabilidad de Trump Organization durante la próxima década y que el expresidente y su corporación no puedan pedir préstamos a instituciones neoyorquinas como mínimo en cinco años.

Letitia James, que se encuentra inmersa en su reelección frente al candidato republicano Michael Henry, ya basó su campaña electoral de 2018 en acusaciones al expresidente. Ahora lucha por mantener su puesto de Fiscal General de Nueva York.

Investigación de los documentos incautados en Mar-a-Lago

Otra de las causas abiertas contra Donald Trump es la redada de Mar-a-Lago. El expresidente consiguió que Raymond Dearie actuase como perito independiente para revisar la documentación de la investigación y evitar la manipulación del caso. Pese a ello, el Departamento de Justicia (DoJ) vuelve a tener acceso a la documentación después de que el Tribunal de Apelaciones desbloquease la retención de los archivos por parte de la juez Aileen Cannon.

El Departamento de Justicia apeló la revisión independiente del caso de Mar-a-Lago. Ahora, la Corte de Apelaciones falló a favor del DoJ por el interés público que suscita la investigación.

Círculo cercano a Trump, también investigado

El pasado lunes, el FBI incautó el celular de Mike Lindell, director ejecutivo de My Pillow y un destacado defensor y aliado de Donald Trump, con el fin de obtener información y posibles mensajes comprometedores del expresidente.

Lindell demandó al Departamento de Justicia por violar sus derechos constitucionales al considerar que le requisaron el celular de manera ilegal. No quiere que revisen los datos almacenados porque son personales o relacionados con su trabajo.