Todos los presidentes tienen un elemento que les distingue de todos sus predecesores, pero el caso de Donald Trump parece ser distinto. Para una parte de la opinión, Trump carece del derecho que tienen el resto de ciudadanos de los Estados Unidos a ser presidente. Y, en particular, para una parte del Partido Demócrata y de la estructura administrativa federal (a la que Trump llama ‘deep state’), cualquier medida es buena en contra del empresario y político.
El FBI ha registrado la residencia de Donald Trump en Florida. Según el abogado progresista Alan Dershowitz, la medida debe estar muy bien fundamentada, porque debería ser un último recurso. “No se hace un registro a menos que se hayan agotado todos los demás recursos, a menos que se crea que la persona registrada destruirá las pruebas”. Dershowitz lamenta que “esta Administración ha utilizado al sistema de justicia como un arma contra los enemigos políticos”, y cree que “la presunción sigue siendo válida, pero sólo se aplica en teoría, no en la práctica”. Desde el Partido Republicano ven la actuación del FBI como propia de “una república bananera”.
Todavía no se conocen todas las circunstancias que explican la actuación del FBI, por lo que es pronto para ver si es fruto de una motivación política, o si supone un uso indebido del sistema partidista. Pero no sería la primera operación política contra el ex presidente sin una motivación suficiente.
Destitución preventiva
Las llamadas a la recusación (impeachment) de Donald Trump se produjeron desde el mismo día de las elecciones presidenciales. El 11 de noviembre de 2016, tres días después de las elecciones, The Washington Post publicó un artículo en el que el historiador Allan J. Lichtman predecía que Trump sería recusado durante su mandato, sin poder adelantar el motivo.
El representante John Lewis (D-Georgia), ya sabía que Trump era un “presidente ilegítimo” antes de que éste jurase su cargo. El 16 de enero, Daily Kos publicaba un artículo de Bill Moyers y Michael Winship en el que preveían una recusación.
Müller: Otra vez el FBI
En mayo de 2017 el fiscal Robert Mueller, que fue director del FBI entre 2001 y 2013, inició una investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016. La investigación partía del convencimiento, por parte del FBI, de que los contactos de Trump con rusos habían desembocado en la interferencia del régimen de Putin en las elecciones para favorecer a Trump frente a la candidata Hillary Clinton.
Pero 675 días, 25 millones de dólares, 40 agentes del FBI, medio millar de entrevistas, casi 3.000 citaciones y 500 órdenes judiciales después, el famoso Informe Müller concluyó que no hubo colusión alguna entre Donald Trump y su equipo y el gobierno Ruso. Tras dos años de investigación, lo único que demostró el informe es que la investigación nunca se tuvo que haber producido.
Abogado Cohen
En enero de 2019 se lanzó otra acusación contra Donald Trump que quedó en nada. Esta ocasión tiene la virtud de que no está el FBI de por medio. Entonces fue acusado de querer obligar a Michael Cohen, abogado suyo, a que mintiera en un tribunal. El objetivo sería tapar que intentó hacer negocios con la construcción de una torre en Moscú. Cohen fue condenado por mentir al Congreso, pero de nuevo el informe Müller se negó a afirmar que Trump le había obligado a mentir. El fiscal dijo entonces que fuera el Congreso quien decidiese sobre la cuestión, pero de nuevo no se resolvió en contra del presidente.
Primer proceso de destitución
Si algunos pedían una recusación preventiva, otros al menos esperaron a que comenzara su primer día en el Despacho Oval para solicitarla. Eso sí, no tardaron mucho. No fue Rusia lo que motivó que se registrasen en el Congreso los artículos de destitución, sino su vecina Ucrania. El origen de este asunto está en la presidencia de Barack Obama. El entonces vicepresidente Joe Biden hizo unas declaraciones sorprendentes. Su hijo Hunter estaba siendo investigado por parte de un fiscal en Ucrania por un presunto asunto de corrupción local.
Lo que está acreditado es que Biden formaba parte del consejo de dirección de Burisma, empresa gasística, desde 2014. Su padre era vicepresidente desde 2008, por lo que muchos señalaron que podía haber un conflicto de intereses. De hecho, Joe Biden dijo que en una visita al país dijo: “Les miré” (a los entonces presidente y vicepresidente) “y les dije: ‘me voy en seis horas. Si no despedís al fiscal, no obtenéis el dinero’”.
El fiscal investigaba las actuaciones de Hunter, y “el dinero” hace mención de una ayuda del gobierno federal a Ucrania por valor de 1.000 millones de dólares. “Bien, hijo de puta. Fue despedido. Y pusieron en su lugar a otro”.
Investigando la corrupción de Biden
Con este antecedente, y tras estas declaraciones, Donald Trump y su abogado Rudy Giuliani buscaron informaciones comprometedoras del tándem paternofilial Biden para ver si podían presentar a la opinión pública un argumento para desacreditar al rival político. Giuliani incluso presionó al presidente Zelenski para que ofreciera información comprometedora contra Hunter. Estos hechos motivaron el primer proceso de destitución de Trump.
El proceso obligó al presidente a publicar sus impuestos, y finalmente fue acusado de abuso de poder y obstrucción a la justicia. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, pide la destitución de Trump. El asunto llegó al Senado, que votó a favor de su absolución del primer cargo por 52 votos contra 48, y del segundo por 53 votos contra 47.
Segunda recusación
El 9 de febrero de 2021, cuando Donald Trump era ex presidente de los Estados Unidos, se inició la segunda recusación contra él por haber incitado a la rebelión contra el proceso de proclamación del nuevo presidente, entre acusaciones de fraude electoral. El proceso busca hacerle responsable del asalto al Capitolio. El proceso sigue su curso, y todavía no ha llegado al Senado. En cualquier caso, la afirmación de que hubo un intento coordinado por asaltar el Capitolio está en entredicho.
