Occidente sancionó a China por una campaña de ciberespionaje contra millones e personas, incluidos periodísticas, políticos y académicos. Según Estados Unidos y el Reino Unido, Beijing utilizó una empresa como fachada para su trama de espionaje. Las sanciones alcanzan a la compañía de ciencia y tecnología Wuhan Xiaoruizhi, como así también a Zhao Guangzong y Ni Gaobin.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y mediante la mencionada empresa, el Partido Comunista Chino (PCCh) llevó a cabo “una amplia variedad de actividades de explotación de redes informáticas y de intrusión informática”.
El Departamento del Tesoro avanzó con sanciones contra los responsables, que fueron anunciadas en la tarde del lunes. "Estados Unidos se centra tanto en desbaratar las acciones peligrosas e irresponsables de los ciberdelincuentes como en proteger a nuestros ciudadanos y nuestras infraestructuras críticas", declaró Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Las autoridades de ambos países bautizaron la amenaza como Advanced Persistent Threat 31 o "APT31", calificándola además como un brazo del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Según revelaron, la lista de objetivos incluye senadores estadounidenses, parlamentarios británicos y funcionarios gubernamentales a nivel mundial.
En cuanto al objetivo de la operación, la fiscal Lisa Monaco indicó que perseguía "reprimir a los críticos del régimen chino, comprometer las instituciones gubernamentales y robar secretos comerciales".
De acuerdo con Reuters, la acusación formal estadounidense resalta que el pirateo "resultó en el compromiso confirmado o potencial de cuentas de trabajo, correos electrónicos personales, almacenamiento en línea y registros de llamadas telefónicas pertenecientes a millones de estadounidenses".
A su vez, la operación de ciberespionaje estaba dirigida a "algunos de los sectores de infraestructura críticos más vitales de Estados Unidos", así como al personal de la Casa Blanca; los departamentos de Justicia, Comercio, Hacienda y Estado; y miembros del Congreso.
"El Departamento de Justicia no tolerará los esfuerzos del gobierno chino para intimidar a los estadounidenses"
Otro de los funcionarios en expresarse al respecto fue Merrick Garland, fiscal general, quien eligió difundir un comunicado condenando la situación.
"El Departamento de Justicia no tolerará los esfuerzos del gobierno chino para intimidar a los estadounidenses que sirven al público, silenciar a los disidentes que están protegidos por las leyes estadounidenses o robar a las empresas estadounidenses", escribió.
“Este caso sirve como recordatorio de los fines a los que el gobierno chino está dispuesto a llegar para atacar e intimidar a sus críticos, incluido el lanzamiento de operaciones cibernéticas maliciosas destinadas a amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos y nuestros aliados”, sumó el funcionario.
La respuesta de China
Los diplomáticos chinos en el Reino Unido y Estados Unidos desconocieron las acusaciones y las definieron como injustificadas. Por ejemplo, La Embajada China en Londres habló de "calumnias maliciosas y completamente inventadas".
