Letitia James lidera a los fiscales generales demócratas en la primera línea de la batalla contra Trump

Los fiscales generales demócratas se han convertido en la primera línea de la guerrilla contra Donald Trump. Entre ellos, Letitia James, vieja enemiga del presidente, se ha posicionado como cabeza de lanza en la ofensiva contra los primeros movimientos de la nueva Administración.

Mientras que gobernadores, legisladores y líderes del Partido Azul se llenan la boca garantizando que detendrán a Trump y asegurando que sus votantes estarán a salvo del "infierno" que traerá el republicano, entre 12 y 23 fiscales generales están consiguiendo poner en aprietos realmente la agenda del nuevo Ejecutivo. 

Los tribunales, una piedra en el camino de la agenda de Trump

Hasta el momento, las demandas ante los tribunales ya han conseguido detener la congelación de las ayudas y subvenciones de todas las agencias federales, frenar la aplicación de la retirada de la nacionalidad por nacimiento o paralizar el traslado de los presos trans a cárceles masculinas. Además, tienen en el punto de mira prácticamente todas las órdenes ejecutivas aprobadas e incluso las anunciadas por Trump.

Además, a través de misivas y comunicados, siempre liderados por Letitia James, han aconsejado, advertido e incluso amenazado a personas o instituciones directamente afectadas por las órdenes ejecutivas del presidente.

Letitia James, decidida a convertirse en la némesis de Trump

Así, 23 fiscales generales enviaron una carta a hospitales a lo largo de todo el país advirtiéndoles de que no cesaran los tratamientos trans a menores a pesar de la orden ejecutiva de Trump en este sentido. En la misiva, James aseguraba que estaban obligados a continuar con el "cuidado" de estos pacientes "independientemente de la disponibilidad de financiación federal". 

La fiscal general de Nueva York incluso recordaba a los destinatarios que, de no hacer caso a sus instrucciones, podría ser acusado por discriminación bajo la legislación del Empire State: "Optar por denegar servicios a un grupo de personas por su condición protegida protegidos, como negar servicios a personas transexuales por su identidad de género o su su identidad de género o su diagnóstico de disforia de género, mientras que ofrece dichos servicios a cisgénero, constituye discriminación según la legislación neoyorquina". 

Posteriormente, 12 de ellos, de nuevo con James al frente, emitieron un comunicado criticando la propuesta de bajas voluntarias remitida por la Administración a los trabajadores del Gobierno federal ofreciéndoles hasta ocho meses de paga y prestaciones si dejaban su puesto antes del 6 de febrero. Los fiscales generales denunciaron que se trata de una oferta "engañosa" y que el cumplimiento de las condiciones pactadas "no está garantizado" debido a los condicionantes económicos del Gobierno.