Ley de Dignidad: una propuesta bipartidista para reformar el sistema migratorio de Estados Unidos

Un grupo bipartidista de representantes, liderado por María Elvira Salazar (R-FL) y Verónica Escobar (D-TX), presentó el 23 de mayo de 2023, la Ley de Dignidad (HR 3599), una versión actualizada de un proyecto de ley que busca abordar las fallas del sistema migratorio estadounidense. 

Esta iniciativa cuenta con el respaldo inicial de Jenniffer González-Colón (R-PR), Hillary Scholten (D-MI), Lori Chávez-DeRemer (R-OR), Kathy Manning (D-NC), Mike Lawler (R-NY) y Adriano Espaillat (D-NY).

La Ley de Dignidad se fundamenta en cuatro principios clave: detener la inmigración ilegal, ofrecer una solución digna para los inmigrantes indocumentados, fortalecer la economía y la fuerza laboral estadounidense, y garantizar la competitividad futura de Estados Unidos. 

Inspirada en valores de dignidad y redención, la legislación fue elaborada en consulta con líderes empresariales, el sector agrícola, comunidades religiosas, expertos en seguridad fronteriza y grupos de reforma migratoria.

El proyecto propone medidas integrales para asegurar la frontera, incluyendo una inversión de 25 mil millones de dólares en infraestructura, tecnología avanzada y contratación de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza.

También establece un sistema obligatorio de E-Verify a nivel nacional para garantizar que las empresas contraten trabajadores legales y refuerza las penas contra traficantes y criminales transnacionales. 

Para reformar el sistema de asilo, la ley acelera el procesamiento y crea cinco Campus Humanitarios en la frontera sur para atender a los solicitantes de manera inmediata y establece centros de preselección en América Latina para reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Inmigrantes ilegales

En cuanto a los inmigrantes indocumentados, la Ley de Dignidad introduce un Programa de Dignidad de siete años que permite a los elegibles trabajar, pagar restitución y obtener un estatus legal renovable, siempre que cumplan con requisitos como verificaciones de antecedentes y buen comportamiento. 

Además, ofrece un Programa de Redención opcional de cinco años que puede conducir a la residencia permanente para quienes completen el programa inicial, aprendan inglés, realicen servicio comunitario y cumplan con otras condiciones. Los Dreamers y beneficiarios de TPS recibirían protección inmediata y una vía simplificada hacia la legalización.

Economía

Para fortalecer la economía, el proyecto aborda la escasez de mano de obra mediante la modernización del programa H-2A, la creación de un programa de Trabajadores Agrícolas Certificados y la agilización de procesos para visas de trabajo. También establece el Fondo para Trabajadores estadounidenses, financiado con pagos de restitución de los inmigrantes, para capacitar a trabajadores locales y garantizar su competitividad en una economía cambiante. La legislación asegura que ningún costo caerá en los contribuyentes, ya que se financiará mediante tasas y pagos de los participantes en los programas.

“Nuestro sistema migratorio fallido frustra a los estadounidenses, causa sufrimiento y fractura nuestro país”, afirmó Salazar. “La Ley de Dignidad dignifica a los agentes fronterizos, a los creadores de empleo, al pueblo estadounidense que necesita fronteras seguras y a quienes viven en la sombra”.

Por su parte, Escobar destacó la urgencia de una solución bipartidista: “La crisis humanitaria que se despliega ante nuestros ojos requiere una solución bipartidista, compasión y acción. Esta legislación ofrece un enfoque significativo que devuelve la dignidad a las personas”.

Otros co-patrocinadores subrayan la relevancia del proyecto

González-Colón resaltó la contribución de los inmigrantes y la necesidad de abordar la inmigración ilegal, mientras que Scholten, con experiencia en temas migratorios, enfatizó que el sistema actual representa una amenaza para la seguridad nacional y una crisis humanitaria. 

Por su parte, Chávez-DeRemer abogó por un enfoque que combine seguridad fronteriza con compasión, y Manning señaló que la ley fortalecerá la economía al abordar las necesidades de mano de obra. 

Lawler, destacó la importancia de un sistema migratorio funcional para integrar a quienes ya están en el país.

Según sus patrocinadores, la Ley de Dignidad representa un esfuerzo histórico para superar décadas de inacción en el Congreso, proponiendo un equilibrio entre seguridad, humanidad y prosperidad económica. Su éxito dependerá de la capacidad de los legisladores para mantener el apoyo bipartidista y superar las divisiones políticas en un tema tan complejo.