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La congresista republicana Salazar pide al DHS que proteja de la deportación a los inmigrantes que vienen de regímenes comunistas

La representante abogó por los casos de cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que se vieron beneficiados del programa ‘parole’ humanitario ampliado por la Administración Biden. Trump puso fin a la medida el pasado 20 de enero.

María Elvira Salazar durante un interrogatorio en la Cámara BajaCaptura de pantalla / C-SPAN

La representante cubanoamericana María Elvira Salazar (R-FL) envió una carta pública al nuevo secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Benjamine Huffman, solicitando la protección y garantías legales de los cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que llegaron legalmente a Estados Unidos beneficiándose del programa ‘CHNV’, más conocido como ‘parole’ humanitario.

En su mensaje, Salazar reconoció que la Administración Biden cometió un error ampliando el programa, generando el ingreso masivo de miles de inmigrantes al país mediante el ‘parole’. Sin embargo, la representante republicana también argumenta que estos inmigrantes entraron al país de forma legal y, por ende, no merecen la deportación directa, sino que sus casos deben ser analizados uno a uno, respetándose el debido proceso.

“Estimado secretario Interino Huffman, le escribo en respuesta al memorando del 23 de enero de 2025 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. titulado ‘Guía sobre cómo ejercer la discreción de aplicación’”, escribió Salazar.

La carta se produce cuatro días después de que el presidente Trump revocara la medida junto a otros programas ampliados por la Administración Biden, como la app CBP One. También llega después de que varios medios, incluyendo el New York Times, reportaran que el Gobierno federal le dio luz verde a los funcionarios de Inmigración y Aduanas de deportar rápidamente a los inmigrantes que se beneficiaron de estos programas migratorios de la era Biden.

“Me preocupa cómo esta nueva orientación puede afectar a las personas en Miami”, insistió la congresista de la Florida. “Como ustedes saben, el lunes 20 de enero, el presidente Trump puso fin al programa anteriormente conocido como ‘Procesos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV)’. A raíz de esto, la orientación de ayer amplía la expulsión acelerada contra estas poblaciones. Dado que muchos de estos individuos residen actualmente en Miami, hay preguntas abiertas sobre cómo se implementará exactamente esto”.

Luego Salazar señaló que estos inmigrantes deben gozar de “las debidas garantías procesales”.

“Le insto encarecidamente a garantizar que todos los cubanos en libertad condicional en el marco del programa CHNV elegibles para o con solicitudes pendientes de la Ley de Ajuste Cubano están protegidos de la deportación hasta que sus casos estén completamente resueltos”, escribió Salazar. “Además, los venezolanos, nicaragüenses y haitianos que llegaron bajo el programa CHNV, no tienen antecedentes penales, y han solicitado asilo a través de los canales legales apropiados, también deben ser protegidos hasta que sus casos estén completamente resueltos”.

Finalmente, la congresista reconoció el “error” de la Administración Biden de ampliar el programa.

“Aunque el presidente Biden creó originalmente este nuevo programa sobre bases legales dudosas y trajo aquí a personas sin un plan para su futuro, seguían inscritas en los programas que se les ofrecían. Por lo tanto, creo que deben tener la posibilidad de ver sus solicitudes para rectificar su situación legal. Espero tener noticias suyas”, sentenció Salazar.

¿Qué es el 'parole' humanitario para venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses?

En 2023, el Gobierno federal aprobó que los ciudadanos de estos países, que atraviesan severos problemas políticos, económicos y humanitarios, puedan solicitar la entrada a EEUU de forma legal en el caso de que no hayan cruzado irregularmente la frontera de Estados Unidos después del 5 de enero de 2023 y tengan un "patrocinante" en el país que pueda demostrar la solvencia económica necesaria para respaldar al solicitante. Bajo esta medida, el solicitante obtenía el 'parole' por dos años y, además, la oportunidad de poder conseguir un permiso de trabajo durante su estadía.
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