Trump excluyó a los inmigrantes indocumentados de los beneficios de la seguridad social

Donald Trump firmó un memorando con el objetivo de impedir que los inmigrantes ilegales y otros individuos puedan acceder a los beneficios de la seguridad social. Entre otras cosas, el documento pretende garantizar que se detengan los pagos a beneficiarios fallecidos o no elegibles. 

El memorando está relacionando con una orden ejecutiva que Trump firmó en febrero para que los recursos de los contribuyentes no se utilicen para incentivar o apoyar la inmigración ilegal, en este caso, mediante la seguridad social. 

"El aumento de la inmigración ilegal causado por la Administración anterior está desviando dólares y servicios esenciales de los ciudadanos estadounidenses mientras los presupuestos estatales y locales se ven cada vez más limitados", señalaron desde la Casa Blanca. 

"La Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR) calculó que los contribuyentes estadounidenses gastan al menos 182.000 millones de dólares anuales para cubrir los costes derivados de la presencia de 20 millones de extranjeros ilegales y sus hijos, lo que incluye 66.400 millones en gastos federales más otros 115.600 millones en gastos estatales y locales", sumaron. 

En efecto, desde FAIR estimaron que casi un millón de inmigrantes ilegales poseen identificaciones robadas o números de seguro social fraudulentos. A su vez, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OBM) señalaron que la crisis fronteriza de la Administración Biden le habría costado "más de $16.2 mil millones" a los contribuyentes. 

"Aunque algunos inmigrantes ilegales pagan impuestos, esas contribuciones fiscales no cubren ni de lejos los costos que imponen a la población; FAIR estima que los inmigrantes ilegales siguen siendo una carga fiscal neta de 150.700 millones de dólares", añadieron desde la Casa Blanca. 

Por último, el memorando firmado por el presidente también amplía el programa de persecución por fraude de la Administración del Seguro Social (SSA) a por lo menos 50 Fiscalías de los Estados Unidos, al mismo tiempo que establece un programa específicamente diseñado para perseguir fraude en Medicare y Medicaid.