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Arizona aprueba la cadena perpetua como pena para el tráfico sexual de menores

Los ciudadanos del estado votaron la proposición 313 el pasado 5 de noviembre y ha logrado un respaldo del 64,5% para que los condenados por los delitos estipulados no vuelvan nunca a la libertad. 

Un buzón de votos en Maricopa.

Un buzón de votos en Maricopa.AFP

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Arizona votó a favor de la cadena perpetua, y sin posibilidad de libertad condicional, para los condenados por delitos de tráfico sexual de menores. Se trata de la principal disposición de la proposición 313, que los ciudadanos del estado votaron en las urnas. 

Este miércoles se dan resultados de un 64,47% de los votos a favor con el 99% escrutado en los distritos electorales. La ley de Arizona define el tráfico sexual de menores como "utilizar a un menor con fines de prostitución, o hacer que un menor sea utilizado en la prostitución, incluyendo transportar, reclutar o proporcionar a un menor para que se dedique a la prostitución o a cualquier actuación sexualmente explícita".

Antes de la proposición 313, la ley estatal prevé condenas de entre 10 y 13 años de cárcel cuando la víctima tiene menos de 15 años de edad. Durante la campaña que presentó esta propuesta, los sheriffs de los condados de Arizona recomendaron encarecidamente la adopción de estas reformas. 

Que Arizona sea un estado fronterizo fue una de las razones por las que los promotores de esta reforma aseguraron que elevar las condenas es fundamental. Según un informe estatal que analiza el tráfico sexual infantil en Arizona, entre 2021 y 2023 se localizaron víctimas en 11 de los 15 condados de Arizona, la mayoría mujeres y con un pasado de agresión sexual y abuso de sustancias.

De acuerdo con los datos electorales, el condado de Mohave fue el que más apoyó la adopción de la proposición 313, con un 75% del escrutinio a favor. El de Maricopa, el más poblado, cosechó un 64% y el de Coconino, el menos poblado, un 54%. Los resultados prueban que el consenso en torno a esta reforma es amplio en todo el territorio del estado. 

Tan solo algunos grupos activistas hicieron campaña en contra de la proposición 313. Se tratan de grupos que no creen que las condenas mínimas tengan que ser obligatorios para las penas, incluso en estos casos, y que las condenas se deben atener a las condiciones individuales de los criminales. 

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