Referéndum por el estatus de Puerto Rico: ¿un proceso amañado?, ¿inútil?
Los votantes boricuas votarán un plebiscito no vinculante el 5 de noviembre que propone abandonar la condición de estado libre asociado.
El renovado foco político sobre Puerto Rico ha puesto de relieve en las últimas horas un controvertido referéndum que figurará en las papeletas de la isla el mismo día de las elecciones presidenciales 2024. Sus críticos denuncian que es un engaño demócrata para ganar escaños en el Congreso.
En cuestión está el estatus de libre asociado o Commonwealth que describe el gobierno de Puerto Rico desde 1898. El votante boricua, que no vota presidente, ni senador, ni representantes, sí elige a un delegado sin derecho al voto y a sus líderes locales. Este año también votará, por séptima vez, si cambiar el estatus de la isla.
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En realidad, sólo podrá votar por cambiar el estatus de la isla: entre las opciones no figura mantener el statu quo. Las tres opciones disponibles son la independencia, la soberanía en libre asociación con Estados Unidos o convertirse en un estado más.
Las tres opciones, como explicadas la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi que estableció los lineamientos de la consulta popular:
- La independencia: Puerto Rico se convertiría en una nación soberana, con su propia Constitución. Establecería su propias leyes en todos los ámbitos, terminando su vínculo legal con Estados Unidos.
- La soberanía en libre asociación: Puerto Rico se convertiría en una nación soberana, con su propia Constitución. Pero no cortaría sus vínculos con EEUU, sino que negociaría Artículos de Libre Asociación para definir los límites de esta relación.
- Estadidad: Puerto Rico se volvería el estado número 51. Tendría representación en el Congreso igual que los otros estados.
Quienes claman amañamiento, señalan que las opciones no incluyen ni mantener el estatus de libre asociación ni, al parecer, la alternativa "ninguna de las anteriores" (que salió vencedora en una consulta anterior). La independencia es ampliamente impopular, apuntan, además, y la soberanía en libre asociación es una propuesta vaga e inconstitucional. Sólo queda, por tanto, una opción.
"Eufemismos aparte, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos", escribe en un artículo a favor de la votación la profesora Christina D. Ponsa-Kraus, replicando el argumentario demócrata. Recurriendo a un eufemismo, sin embargo, señala la falta en las opciones: "Es un proyecto de ley federal que por fin ofrecería a los puertorriqueños la posibilidad de elegir entre opciones no coloniales -estadidad, independencia y libre asociación según el derecho internacional- y facilitaría la transición a la que resulte ganadora". La única opción es el cambio.
"La ironía es que los demócratas, mientras se envuelven en la retórica de la descolonización, se comportan más bien como colonizadores", apunta el escritor de ascendencia puertorriqueña Coleman Hughes en The Free Press. "¿Qué otra cosa se puede llamar a un intento solapado de obligar a un territorio a unirse a la Unión en contra de la voluntad de sus habitantes?".
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1967, 1993, 1998, 2012, 2017, 2020. Y 2024. Todos aquellos años los boricuas expresaron en las urnas su parecer sobre el estatus de su territorio, según recoge Ballotpedia. Aunque en distintas circunstancias y con distintas opciones.
"¿Debería Puerto Rico ser admitido inmediatamente en la Unión como un estado?", se preguntó en 2020. Un 52% votó que sí, un 47% que no. Además de cuestionar el estrecho margen, el sitio especializado recoge que el voto por el "no" implicaba la formación de una comisión para negociar la independencia o la libre asociación. De nuevo, no existía la opción de mantener el estatus existente.
En la de 1967 ganó conservar el Commonwealth con más del 60% de los votos y en 1993 con cerca de un 49%. Ambas alimentan el cuestionamiento de por qué no se repite la opción en el plebiscito en este ciclo electoral. En 1998 venció "ninguna de las anteriores".
En 2012 y 2017 sí ganó formar un estado más, pero ambos procesos fueron ampliamente cuestionados por problemas en el proceso y una baja participación, respectivamente.
Las consultas populares, sin embargo, no son más que una expresión de deseo. Cualquier cambio debería ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos. Lo que nutre otra crítica más: poco importa celebrar votación tras votación si todo queda en manos de los senadores y representantes.
Críticas al referéndum
A nivel nacional, tanto algunos representantes republicanos como demócratas votaron a favor del plebiscito. Aunque entre las filas del GOP la opinión está dividida, en las de en frente, explica Hughes, creen que ganarían un nuevo estado azul, lo que torcería el Congreso a su favor.
Dentro del territorio insular, expresaron su oposición tanto el Partido Popular Democrático, a favor de conservar la situación actual, como el Partido Independentista Puertorriqueño. La candidata de Movimiento Victoria Ciudadana para comisionada residente en Washington DC también opinó contra la consulta popular en una reciente entrevista a Metro:
"Yo no la llamo ni consulta. Es otra encuesta de popularidad amañada, mal hecha y que realmente su intención es atraer gente a votar. Eso no tiene ningún impacto en el Congreso. Nadie le va a hacer caso en el Congreso. Igual que no le han hecho caso a ninguna de las anteriores. Es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico y una pérdida de dinero".
"Aquellos de nosotros que queremos urgentemente que el estatus colonial de Puerto Rico termine debemos advertir contra los esfuerzos que, en última instancia, no conducirán a un resultado productivo", publicaron en un comunicado Boricuas Unidos en la Diáspora y la organización CASA. Entre otras, criticaron la "ilusión política" de que una mayoría simple sería simple para que el Congreso analizase el cambio de estatus de la isla y que al proceso le había faltado transparencia y la participación de puertorriqueños fuera de la isla.
En cuestión de días, los boricuas demostrarán en las urnas si están de acuerdo.