La Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) falló a favor de la Administración Biden en el presunto caso de presiones sobre las plataformas online para controlar el contenido publicado durante la era del covid-19. La Corte ha valorado que los estados que demandaron a la Administración carecían de legitimación.

La votación de los jueces de SCOTUS se saldó con 6-3 a favor de desestimar la acusación. Samuel Alito, Clarence Thomas y Neil Gorsuch fueron aquellos en contra de la opinión mayoritaria. 

En julio de 2023, los fiscales generales de los estados de Misuri y Luisiana acusaron a altos funcionarios del Gobierno federal de colaborar con grandes empresas de redes sociales "con el pretexto de combatir la desinformación", lo que en última instancia llevó a censurar discursos sobre temas como el portátil de Hunter Biden, el origen del covid-19 y la eficacia de las mascarillas. 

Previo a que SCOTUS tomara el caso, un tribunal inferior había prohibido a varios funcionarios de la Casa Blanca mantener correspondencia con empresas como Google, Facebook y X acerca de la moderación de contenidos. La decisión última decisión de la Corte anula esa prohibición.

Fue la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett quien escribió el veredicto de la mayoría. Aseguró que "los demandantes, sin ningún vínculo concreto entre sus lesiones y la conducta de los demandados, nos piden que llevemos a cabo una revisión de las comunicaciones de años de duración entre docenas de funcionarios federales, a través de diferentes agencias, con diferentes plataformas de medios sociales, sobre diferentes temas".

El juez Alito criticó duramente la decisión de sus pares y aseguró que la actuación del Gobierno federal es un ataque a la Primera Enmienda. Alito añadió que las acciones de los funcionarios en el caso eran "descaradamente inconstitucionales, y el país puede llegar a lamentar que el Tribunal no lo haya dicho [...] Las entidades puramente privadas como los periódicos no están sujetas a la Primera Enmienda... Pero los funcionarios del Gobierno no pueden coaccionar a las entidades privadas para suprimir la expresión", escribió.