El gobernador de Georgia firma una ley que permite a una comisión estatal sancionar o destituir fiscales

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, firmó una ley que permite a una comisión estatal sancionar e incluso destituir fiscales que, por motivos ideológicos o "falta de profesionalidad" permitan a los criminales esquivar la cárcel o reciban condenas menores. Los demócratas denunciaron que se trata de una maniobra de los conservadores que tiene como objetivo a la fiscal de distrito del condado de Fulton,, por llevar Donald Trump ante los tribunales por presunta injerencia electoral en 2020.

Hacer que "los fiscales deshonestos e incompetentes rindan cuentas"

Kemp justificó su firma porque la creación de la Comisión de Cualificaciones de los Abogados Fiscales (PACQ, por sus siglas en inglés) garantizará que "los fiscales deshonestos e incompetentes rindan cuentas si se niegan a cumplir la ley". También esgrimió como causa el aumento de los crímenes que asola EEUU, del que responsabilizó a los fiscales de mano blanda que favorecen a los criminales.

Unas palabras muy similares a las que pronunció el pasado año, cuando hizo un primer intento de dar luz verde a este grupo, que fue frenado por el Tribunal Supremo de Georgia. "Mi prioridad número 1 es la seguridad pública en todo nuestro estado. La creación de la PACQ ayudará a exigir responsabilidades a los fiscales que se dejan llevar más por la política que por el compromiso con sus responsabilidades, y hará que nuestras comunidades sean más seguras".

"Caza de brujas" contra Willis

Por el contrario, los legisladores demócratas denunciaron que se trata de "una caza de brujas" contra la fiscal Willis por su acusación contra Trump, e incluso de un movimiento que les permita acabar con el caso. No obstante, Willis no es la única fiscal georgiana sobre la que Kemp o los republicanos han expresado su malestar. En los últimos días, Deborah González, la fiscal de distrito del condado de Athens-Clarke está en el centro de todas las críticas por su gestión del caso de Laken Riley, la estudiante de enfermería cuyo cadáver fue encontrado en el campus de la Universidad de Georgia hace varias semanas y cuyo caso se ha convertido en el centro del debate nacional sobre inmigración.

De hecho, según informa Atlanta News First, un ciudadano de este condado ya denunció a la fiscal el pasado año porque "González no ha asistido a las audiencias judiciales, no ha procesado los casos y no ha asesorado a los grandes jurados. La demanda afirma que 726 casos podrían ser desestimados en el condado de Oconee porque González no los está procesando". Además, señala que, "incluso cuando González procesa casos, aporta pruebas incompletas o inexactas y procesa casos con arreglo a estatutos caducados".

"Poder ilimitado para destituir a los fiscales con los que no esté de acuerdo"

La fiscal de distrito del condado de DeKalb, Sherry Boston fue una de las primeras voces en alzarse contra la norma, denunciando se trata de un "grupo de cargos políticos elegidos únicamente por los republicanos".