La Administración Biden ha decidido recurrir la decisión tomada por el juez de distrito de Estados Unidos Terry A. Doughty que prohíbe a altos funcionarios reunirse con la ejecutiva de compañías de redes sociales. La Justicia falló así para proteger la Primera Enmienda y que dichas empresas no se vean forzadas a censurar ciertos contenidos contrarios a los intereses de la Administración federal. Ahora el Gobierno quiere revocar la decisión judicial.

Los fiscales generales de Louisiana y Missouri presentaron una demanda en la que reclamaban que varios funcionarios federales se habían extralimitado en su poder de influencia al solicitar a las compañías de redes sociales a censurar publicaciones relacionadas con el mandato de las vacunas covid o por las pasadas elecciones presidenciales. Concretamente, funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), del Departamento de Justicia (DOJ), del Departamento de Estado (USDOS) y del FBI.

El juez Doughty falló a favor de los demandantes, aunque estableció ciertas excepciones. El magistrado incluyó situaciones en las que se sospeche de “actividad criminal o conspiraciones criminales”, “amenazas a la seguridad nacional, extorsión u otras amenazas” o delitos relacionados con las elecciones estadounidenses. Con estos casos, los funcionarios sí podrían entablar conversaciones con las compañías de redes sociales.