Un juez federal prohíbe que los funcionarios de la Administración Biden se coordinen con las Big Tech para censurar

Un juez federal resolvió que altos funcionarios de la Administración Biden tendrán prohibido comunicarse y reunirse con empresas de redes sociales. El caso había sido presentado por los fiscales generales de Missouri y Louisiana. De acuerdo con el fallo del magistrado Terry A. Doughty, estos “produjeron evidencia de un esfuerzo masivo de los acusados, desde la Casa Blanca hasta las agencias federales, para suprimir el discurso basado en su contenido".

La orden judicial se dio en respuesta de la demanda presentada en parte por Eric Schmitt (R), hoy senador por Missouri y exfiscal general del estado. "Gran victoria para la Primera Enmienda en este Día de la Independencia", celebró en Twitter.

“Los funcionarios de la Casa Blanca, los CDC y otros están detenidos en seco. Necesitamos continuar la lucha para acabar con la Vast Censorship Enterprise. Su visión de la 'desinformación' no es una excusa para censurar. Este es el caso de libertad de expresión más importante en una generación. La libertad está en marcha", agregó el republicano, que llegó a la Cámara Alta a principios del 2023, tras imponerse en las elecciones del 2022 con el 55,4 % de los votos.

De acuerdo con la mencionada demanda, la Casa Blanca de Joe Biden habría presionado a las empresas de redes sociales para que censurasen contenido relacionado con el Covid-19. Los estados afirmaron que esto constituyó una de “las violaciones más atroces de la Primera Enmienda en la historia de los Estados Unidos de América”.

La orden llegó de la pluma del juez Terry A. Doughty, quien fue nominado por Donald Trump para ser Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Louisiana. Pasó sin transpirar por el Senado, que aprobó su nominación por 98 a 0 en marzo del 2018.

En cuanto a las excepciones a la hora de que los funcionarios de Biden entablen conversaciones con empresas de redes sociales, el magistrado incluyó situaciones en las que se sospeche “actividad criminal o conspiraciones criminales”, “amenazas a la seguridad nacional, extorsión u otras amenazas” o delitos relacionados con las elecciones estadounidenses.