Presentan un proyecto bipartidista para intentar regularizar inmigrantes

A mediados de mayo, los republicanos de la Cámara de Representantes le dieron media sanción a su proyecto sobre inmigración, bautizado como Ley de Seguridad Fronteriza de 2023. También conocido como H.R.2, contó con el apoyo de casi todos los miembros del caucus, 217, mientras que dos de ellos se unieron a los demócratas para votar en contra. A falta de que lo revise el Senado, otro proyecto, esta vez con un tinte bipartidista, intentará hacerse paso en la Cámara Baja.

La Ley de Dignidad de 2023 fue elaborada por las congresistas María Elvira Salazar (R-FL) y Verónica Escobar (D-TX), con el objetivo de brindar una solución “integral” al actual sistema migratorio. Según la demócrata, se trata de una “oportunidad intermedia para encontrar una solución”.

El texto de 500 páginas fue anunciado el martes 23 de mayo y fue diseñado para incluir propuestas de ambos lados del pasillo, algo similar a lo que intentaron Tom Thillis y Kyrsten Sinema en diciembre del 2022.

“Dos miembros del Congreso, uno demócrata y otro republicano, han decidido trabajar en uno de los temas más divisivos en este país: la inmigración. ¿Quién quiere hacer eso? Muy pocas personas. Pero lo estamos haciendo”, expresó Salazar sobre el proyecto, para luego agregar que planea reunirse con los líderes del Congreso para hacer que su proyecto avance.

¿Qué hace la Ley de Dignidad de 2023?

El proyecto bipartidista cuenta con temas de interés republicanos y demócratas, por lo que está destinado a ser, como diría James Baker III, una legislación “con la que todos puedan vivir”.

Dreamers

En concreto, crearía un camino a la ciudadanía para los Dreamers, es decir, inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños. También establecería un programa para permitir que otros inmigrantes indocumentados vivan y trabajen en el país legalmente si pagan una restitución.

La última vez que el Congreso aprobó una legislación que creó un camino hacia el estatus legal para una amplia población de inmigrantes indocumentados fue en 1986.

Seguridad fronteriza

A su vez, garantizaría una fuerte inversión en tecnología e infraestructura de seguridad fronteriza, como la contratación de más agentes, más dinero para la Patrulla Fronteriza y una modernización completa de los “puertos de entrada” al país. Serían 10.000 millones de dólares en 5 años, destinados a la ampliación de los carriles de inspección de vehículos, mercancías y peatones. Sin embargo, aclaran que no se seguirá financiando la construcción del muro iniciado en la década de 1990 y promovido por la Administración Trump.

En similitud con H.R.2, implementaría el sistema E-Verify a través de la Ley de Fuerza Laboral Legal, introduciendo gradualmente su uso para las empresas.

“A diferencia de las medidas anteriores que exigían E-Verify, la Ley de Dignidad concede a las personas indocumentadas en el país un estatus legal, incluida la autorización de trabajo, que se aplicaría junto con E-Verify, para garantizar una transición uniforme y justa sin afectar negativamente a los trabajadores inmigrantes”, se lee en el resumen del proyecto.

Visas

En este campo, la legislación codificaría un programa para otorgar permisos de trabajo a los cónyuges de ciertos titulares de visas altamente calificados y evitaría que sus hijos “superen la edad" de la solicitud de sus padres debido a demoras en el procesamiento.

En adición, destinaría millones de dólares para acelerar el procesamiento de visas y crearía el puesto de un coordinador que haría recomendaciones para mejorar el procesamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), como así de los departamentos de Estado y Trabajo.

Solicitudes de asilo

En cuanto a las solicitudes de asilo, ordenará la construcción de 5 campus humanitarios en la frontera para ofrecer servicios a potenciales solicitantes de asilo o migrantes económicos. Las mismas “ofrecerán un examen previo para determinar si se cumplen los requisitos de asilo” y, en caso de que los cumplan, se les pedirá un visado humanitario para viajar a Estados Unidos y poder resolver su solicitud.

Una vez en el país, recibirán un período de descanso de 72 horas, para luego someterse a una evaluación de elegibilidad para el asilo dentro de los 15 días. Quienes superen esta evaluación inicial, podrían obtener la aprobación final de su solicitud de asilo por parte de un oficial de inmigración dentro de los 45 días, mientras que aquellos que no lo logren podrán apelar y solicitar la revisión de otro oficial.

La legislación también contempla la creación de otros cinco centros de procesamiento en países del hemisferio occidental, para que los migrantes sean preseleccionados para su posible elegibilidad para el asilo.