Preservando la integridad electoral: combatiendo la amenaza del voto de inmigrantes ilegales
La izquierda está impulsando iniciativas que, bajo una retórica de inclusividad y representación, socavan la esencia misma de nuestro sistema.
Cola de inmigrantes para entrar por la frontera en Caléxico. (CBP/Josh Denmark)
La fundación de nuestra república democrática se basa en la santidad de elecciones libres y justas, donde cada voto legítimo cuenta y la voz de cada ciudadano estadounidense es escuchada. Sin embargo, este pilar de nuestra democracia está amenazado por el alarmante impulso de la izquierda para permitir que los inmigrantes ilegales voten. Estas iniciativas a menudo se disfrazan con una retórica de inclusividad y representación, pero no se equivoquen: permitir que los extranjeros sin papeles voten distorsiona fundamentalmente el proceso democrático.
El derecho al voto es un privilegio y una responsabilidad reservada para ciudadanos estadounidenses que están comprometidos con el futuro de nuestra nación y tienen un interés legal en su gobernanza. Las repercusiones de tales políticas son profundas y peligrosas, socavando la esencia misma de nuestro sistema electoral y erosionando la confianza del pueblo estadounidense en su gobierno.
Localidades controladas por la izquierda ya han aprobado el voto de inmigrantes ilegales en elecciones locales
San Francisco y numerosos otros municipios controlados por la izquierda ya han aprobado leyes que permiten a que extranjeros ilegales participen en elecciones locales. Hace solo unas semanas, 143 demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votaron en contra de un proyecto de ley que derogaría una ley de Washington, D.C. aprobada por su consejo municipal progresista que permite a los inmigrantes ilegales votar en elecciones locales. Los defensores argumentan que estas medidas aseguran que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, tengan una voz en el gobierno local.
Permitir que los extranjeros ilegales voten socava el principio de la ciudadanía, devalúa los derechos y responsabilidades que conlleva y sienta un precedente peligroso. Ésta es una clara amenaza para el tejido de nuestra democracia. Cuando los ciudadanos perciben que sus votos están siendo diluidos por aquellos que no tienen derecho legal a participar o incluso a estar en este país, se fomenta el cinismo y la desconexión. La confianza en el proceso electoral es esencial para una democracia funcional, pero permitir que los inmigrantes ilegales voten socava esta confianza.
Una iniciativa que incentiva la llegada de inmigrantes ilegales
El esfuerzo de la izquierda para permitir que los extranjeros ilegales voten también incentiva la inmigración ilegal. Es más, envía el mensaje de que violar nuestras leyes será recompensado con el derecho más preciado en nuestra democracia: el derecho a votar. Esto no solo exacerba la crisis de inmigración creada por las políticas de fronteras abiertas de la Administración Biden, sino que también impone una carga adicional en recursos locales y estatales a medida que los gobiernos luchan por acomodar una afluencia de extranjeros ilegales que buscan explotar estos privilegios de votación.
Para preservar la integridad de nuestras elecciones, debemos tomar medidas decisivas contra esta peligrosa tendencia. Esto incluye:
- Promulgar y hacer cumplir estrictas leyes de identificación de votantes para asegurar que sólo ciudadanos estadounidenses puedan participar en nuestras elecciones. Estas leyes deben requerir prueba de ciudadanía en el momento del registro de votantes y en las urnas. Además, los estados deben aprobar legislación que prohíba explícitamente a los extranjeros ilegales votar en todos los niveles de gobierno. Es probable que sea necesario un control federal para asegurar el cumplimiento y proteger los derechos de nuestros ciudadanos.
- Mecanismos de aplicación mejorados para prevenir y castigar el fraude electoral. Esto incluye aumentar los recursos para los funcionarios electorales y las agencias de aplicación de la ley para investigar y procesar casos de votación de extranjeros ilegales. Una política de tolerancia cero al fraude electoral, junto con sanciones estrictas, servirá para disuadir a aquellos que consideren violar nuestras leyes electorales.
- Concienciar sobre la importancia de la integridad electoral. Debemos educar al público sobre los peligros de la votación de extranjeros ilegales y los pasos que se están tomando para salvaguardar nuestras elecciones. Los programas de educación cívica deben hacer énfasis en las responsabilidades de la ciudadanía y la santidad del proceso de votación.
- Asegurar nuestras fronteras para prevenir la entrada ilegal y reducir la probabilidad de que inmigrantes ilegales intenten participar en nuestro proceso electoral. Una frontera fuerte y segura es la primera línea de defensa para mantener el estado de derecho y proteger nuestras instituciones democráticas.
- Los gobiernos federal y estatal deben trabajar juntos para asegurar que los registros de votantes sean precisos y estén actualizados. Esto incluye auditar regularmente las bases de datos de registro de votantes y eliminar a los votantes no elegibles, incluidos los inmigrantes irregulares, de los registros. El mes pasado, el Secretario de Estado de Ohio, Frank LaRose, ordenó una auditoría y la eliminación de personas que aparecían en los registros de votantes, ya que se confirmó en múltiples ocasiones que algunas no eran ciudadanos estadounidenses.
El derecho al voto es un derecho sagrado otorgado a los ciudadanos americanos. Nos incumbe asegurar la integridad de nuestro proceso electoral. El futuro de nuestra república depende de vigilancia y nuestro compromiso inquebrantable de proteger el derecho al voto de cada ciudadano.
Bob Unanue sirve como miembro de la junta de directores del America First Policy Institute y presidente del Hispanic Leadership Coalition (Coalición de Liderazgo Hispano). Él es presidente de Goya Foods y Goya Cares, y se desempeñó como productor ejecutivo de la película Sound of Freedom.
Jorge Martínez es estratega de asuntos hispanos y portavoz del America First Policy Institute. Anteriormente se desempeñó como secretario de prensa en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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