Del Catatumbo al tren de Aragua: las nuevas herramientas de la diplomacia venezolana

Ronald Ojeda no encontró la paz en Chile. Su cuerpo fue encontrado en marzo de 2024 con signos de tortura previos a su muerte. Hasta Chile fue perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, según cree la Fiscalía chilena.

La pista de la investigación apunta directamente a Diosdado Cabello, ministro del Interior chavista y mano dura de Nicolás Maduro con la oposición. No se trata de un asesinato más. La represión del régimen de Maduro se aplica ahora también fuera de las fronteras de Venezuela. Es un punto de inflexión que marca un cambio de rumbo y una creciente agresividad en la política exterior venezolana.

Tren de Aragua, asesinatos en el exterior, conflicto en Guayana Esequiba.... ¿Cómo está cambiando la acción exterior venezolana en los últimos años?

El petróleo ya no marca la agenda diplomática

Desde el inicio del chavismo, Venezuela ha utilizado sus recursos petroleros como principal herramienta diplomática. El presidente y artífice del cambio político de 1999, Hugo Chávez, consolidó alianzas con países afines a través del programa Petrocaribe, que ofrecía crudo en condiciones preferenciales a su entorno regional. Con Petrocaribe, garantizó a Cuba un suministro estable de petróleo subvencionado para mantener a flote al régimen cubano, un aliado esencial en la nueva configuración de América Latina con el chavismo.

La crisis económica y las sanciones internacionales contra el Gobierno chavista pusieron fecha de caducidad a Petrocaribe. Venezuela, que llegó a exportar más de tres millones de barriles diarios en 1998, apenas alcanzó los 772.000 en 2024. Su apalancamiento se desplomó al mismo tiempo que las exportaciones de crudo. Sin petróleo para negociar, el gobierno de Nicolás Maduro quedó aún más acorralado.

El régimen busca proyectar poder por otras vías. La tensión con los países vecinos ha aumentado, al igual que su relación con Rusia, Irán y China se profundiza. En 2024, Maduro intentó ingresar en los BRICS, pero Brasil vetó su entrada por dudas sobre la legitimidad de las elecciones.

Lo que antes era diplomacia del petróleo se ha convertido en un juego de presiones y amenazas. El chavismo ha cambiado las reglas de su política exterior. Ahora juega en un terreno más agresivo.

Persecución de opositores en el exterior

Ronald Ojeda fue hasta 2017 miembro activo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas con el grado de teniente. Ese año, el régimen venezolano lo acusa de formar parte de una conspiración contra el Gobierno conocida como la Espada de Dios. Ojeda fue detenido y encarcelado junto a varios militares más hasta que escaparon.

Tras salir clandestinamente del país, logró obtener asilo político en Chile, desde donde continuó su activismo contra el régimen. Tuvo especial presencia en redes sociales, pero también organizó manifestaciones. En 2023 llegó a viajar a Colombia, a una ciudad frontera con Venezuela, para participar en un movimiento subversivo.

Por estos motivos, su desaparición en 2024 levantó las sospechas de la policía chilena. Según los fiscales chilenos, el 21 de febrero de 2024, un grupo de individuos se hizo pasar por policías y entró por la fuerza en el domicilio de Ojeda. Este método es común en Venezuela cuando organizaciones criminales a sueldo del régimen intentan intimidar a la oposición.

Diez días después del secuestro, el cuerpo sin vida de Ojeda apareció enterrado bajo cemento en un asentamiento irregular de Maipú. La autopsia confirmó que murió por asfixia mecánica y presentaba signos de tortura. La Fiscalía chilena identificó al Tren de Aragua como responsable de la ejecución del crimen y señaló que la sofisticación del secuestro sugería una orden desde Venezuela.

El fiscal Héctor Barros afirmó que detrás del asesinato estaba el régimen de Nicolás Maduro. Un testigo protegido vinculó directamente al ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, como quien habría ordenado el crimen, en coordinación con el líder del Tren de Aragua, "Niño Guerrero".

Las autoridades chilenas detuvieron a 23 miembros de la rama local del Tren de Aragua, más otro detenido en Texas e Illinois, que también estarían implicados en el crimen.

El tren de Aragua, una herramienta del régimen

La relación entre el Tren de Aragua y el régimen venezolano está ahora bajo escrutinio de una forma sin precedentes. La organización criminal, designada como grupo terrorista internacional por la Administración Trump, ha sido instrumentalizada dentro de Venezuela para reprimir manifestaciones e intimidar a opositores. Su uso fuera de las fronteras venezolanas es un síntoma del cambio en la acción exterior del régimen.

La organización criminal ha extendido su influencia a Estados Unidos en los últimos años. Los informes indican que la banda ha establecido su presencia en al menos 19 estados, entre ellos Florida, California y Nueva York. En la ciudad de Eric Adams, el Tren de Aragua está en el centro de varias operaciones de tráfico de armas y drogas, además del control de la prostitución en varios barrios.

En respuesta a esta expansión, la administración del presidente Donald Trump designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de este año. Esta designación busca aumentar la presión sobre la banda y sus colaboradores, permitiendo la aplicación de sanciones más severas y facilitando la deportación de sus miembros. Además, se han reanudado los vuelos de deportación a Venezuela, devolviendo a migrantes ilegales y miembros de bandas, incluidos miembros del Tren de Aragua.

Las sospechas sobre la relación entre el gobierno de Nicolás Maduro y el Tren de Aragua se derivan de varios indicios. La banda creció dentro de la cárcel venezolana de Tocorón, supuestamente sin la intervención de las autoridades y con la connivencia de funcionarios chavistas. Tras un operativo policial del gobierno chavista para recuperar la prisión, el líder de la organización escapó sin problemas, lo que generó dudas sobre una posible complicidad con el régimen. También se ha denunciado que miembros del Tren de Aragua han obtenido pasaportes oficiales y facilidades migratorias para operar en el exterior.

Esequiba y Catatumbo, armas del chavismo

La región de la Guayana Esequiba, que bordea el río del mismo nombre, es una reivindicación histórica de Venezuela. Sin embargo, administrada por la República Cooperativa de Guyana, el gobierno venezolano aún no tiene el control del territorio.

La primera etapa del chavismo ya puso sus ojos en los más de 26.000 kilómetros cuadrados de selva, pero fue a partir de 2015 cuando este expediente se reactivó en Caracas. Ese año, una investigación de la petrolera estadounidense ExxonMobil señaló que en el Esequibo hay unos interesantes yacimientos de petróleo que han revalorizado la región.

En 2023, el Gobierno de Maduro convocó un referéndum sobre la soberanía del Esequiba guayanés, en el que, según cifras oficiales, más del 95% de los votantes apoyó la anexión del territorio en disputa —no obstante, diferentes reportes señalan una mínima participación electoral. Esta medida aumentó las tensiones en la región. Estados Unidos y Brasil advirtieron contra cualquier acción unilateral, mientras Guyana reforzaba su cooperación militar con Washington.

Guayana Esequiba no es la única región fronteriza sobre la que el gobierno chavista ejerce presión. La zona del Catatumbo, en el estado venezolano de Zulia y fronteriza con Colombia, es el terreno de operaciones de las disidencias del ELN y las FARC. Varios informes han indicado que el régimen de Maduro ha brindado protección a estas organizaciones o, al menos, les ha permitido operar en territorio venezolano.

Maduro ha negado cualquier vinculación con estos grupos, sin embargo podrían ser una herramienta más en la nueva acción exterior de Venezuela. La zona del Catatumbo es un lugar clave para el tráfico de drogas así como para la producción de cocaína. En la zona, varios subgrupos de la disidencia de las FARCS luchan por el control del suministro y la distribución de la droga.

Analistas citados por AFP señalan que la seguridad se ha deteriorado significativamente en Colombia en medio de la política de paz del presidente, que ha reducido las acciones ofensivas de la fuerza pública contra los grupos armados.