Este jueves el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que asumirá las facultades de regular y controlar las tarifas de los servicios públicos, una atribución que han sido tomadas por comisiones independientes desde el año 1994.
Petro dijo que solo asumiría esta función de forma temporal y justificó su decisión asegurando que lo hacía “en defensa del usuario”, ante el incremento de las tarifas de energía eléctrica.
De acuerdo al artículo 370 de la constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, retomo las funciones de control y politicas generales de administración de servicios públicos que la presidencia habia delegado en las comisiones reguladoras
Lo haré temporalmente en defensa del usuario https://t.co/9sov0sc0rp
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2023
Sin embargo, la decisión del mandatario podría acarrear importantes consecuencias para el país. De hecho, el residente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Adesco), Camilo Sánchez, explicó que esto podría afectar la rentabilidad de las empresas generadoras de servicios públicos.
“Lo peor que le puede pasar al país es desaparecer la institucionalidad que ha funcionado y que se requiere. Hoy pueden ser aplausos, pero en el largo y mediano plazo vamos a tener problemas”, dijo, explicando que si el presidente decide bajar las tarifas un 10 o 20%, lo que ocurriría es que se incumpliría “la seguridad jurídica y todo lo que tiene que ver con la institucionalidad y por consiguiente el prejuicio se va a caer y muy seguramente en el mediano o corto plazo vamos a tener apagones en la costa”.
En menos de 24 horas el Presidente Gustavo Petro asume el futuro de Ecopetrol y los Servicios Públicos del país... #ElCambioEnEcopetrolEs
— Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) January 27, 2023
Para decidir los precios de un producto o servicio se toman en consideración varios factores como los costos de los trabajadores, las materias primas y los márgenes de ganancia, por lo que establecer un máximo de precios implicaría no tomar en cuenta algunos de los aspectos anteriores, lo que dificultaría la producción u operación y podría llevar a un cierre de empresas.
“Cambiar las reglas del juego sin tener claros los efectos, simplemente se va perjudicar a los más pobres, porque vamos a disminuir la prestación de los servicios y la continuidad en muchos territorios colombianos”, opinó Sánchez.
