
La Defensoría del Pueblo de Colombia reportó 215 homicidios de líderes y defensores de los derechos humanos en 2022. La cifra es la más alta registrada por la entidad desde 2016, año en el que se iniciaron los apuntes de los casos y coincide con la firma del acuerdo de paz con el grupo terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El organismo -encargado de velar por los derechos humanos en el país- señaló que los asesinatos se concentraron en lugares estratégicos donde residen y actúan los grupos terroristas involucrados en el narcotráfico - territorios característicos por los cultivos de la hoja de coca-, la minería ilegal y el contrabando:
El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría (SAT) informó de la mayoría de homicidios se registraron en las zonas de Nariño y Putumayo (fronterizos con Ecuador); Cauca y Valle del Cauca (suroeste) Antioquia (centro); Bolívar (norte), y Norte de Santander (fronterizo con Venezuela).
Récord de homicidios
La cifra de homicidios del año pasado, superó los 145 reportados durante 2021 y los 182 del 2020. En total, entre 2016 y 2022, fueron asesinados 1.113 defensores de derechos humanos.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que a pesar del "lamentable récord de homicidios" (...) "No sólo se trata de cifras", sino de "familias duramente golpeadas y en las comunidades afectadas que se quedan sin las personas que luchan por sus derechos":
La "paz total" de Petro
La firma de la paz con las FARC no ha dado hasta ahora el resultado esperado del cese de la violencia. Otros grupos terroristas continúan delinquiendo y se disputan violentamente las zonas estratégicas para el narcotráfico.
El gobierno del exguerrillero Gustavo Petro -investido presidente en agosto de 2022- propuso una política de "paz total" al iniciar diálogos con grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y acercamientos las disidencias de las FARC que retomaron las armas.
Camargo, señaló que espera que los diálogos con el ELN y el cese del fuego con otros grupos armados, deriven en "una disminución de las acciones contra líderes" y defensores de derechos humanos y "pongan fin a esta situación en contra de esta población".
