La semana pasada Steve Bannon fue sentenciado a cuatro meses de prisión, igual que Peter Navarro, quien ya está en una cárcel. Los dos exasesores de Donald Trump han sido enviados a prisión por desacato al Congreso. A través de los años, varios altos funcionarios habían sido declarados en desacato y el Departamento de Justicia no había actuado al respecto, los casos más sonados de los últimos años son los de los fiscales generales William Barr y Eric Holder. Pero, para los asesores de Trump parece que las reglas son diferentes.

El hecho de que Navarro haya sido enviado a prisión por no comparecer ante el Congreso ya ha molestado a millones de americanos que lo ven como un prisionero político, pero el asunto se complica aún más cuando la semana pasada el fiscal general Merrick Garland es hallado también en desacato por el Congreso y el Departamento de Justicia responde que no hará nada al respecto.

La votación que terminó declarando a Galand en desacato se produjo luego de que el fiscal se negara a entregar al Congreso el audio de la entrevista realizada por el fiscal especial Robert Hur al presidente Joe Biden. La entrevista de Hur se produjo en el contexto de la investigación al presidente por los documentos clasificados que fueron hallados en varias de sus propiedades. La conclusión del fiscal Hur fue que no recomendaba presentar cargos contra el presidente porque, aunque sí hubo mal manejo de los documento clasificados y el presidente sí tuvo la intención de mover y mantener -al menos por un tiempo- esos documentos en sus propiedades, Joe Biden es un "anciano" con una "memoria pobre".

Aunque el Departamento de Justicia ya entregó al Congreso la transcripción de la entrevista, los republicanos han insistido en que se revele el audio. Algunos no confían en la transcripción y creen que pudo ser editada, otros simplemente quieren que los americanos tengan acceso a las horas de conversación en las que el presidente pareció divagar a tal punto que un fiscal recomendó no presentar cargos porque debido a su memoria disminuida un jurado no podría hallarlo en condiciones de presentarse en un juicio.

En otras palabras, la entrevista que el fiscal Garland no quiere revelar, dejó como una de sus conclusiones principales que Joe Biden no está en condiciones de comparecer ante un jurado, porque ni siquiera recuerda asuntos básicos. Curiosamente, según los demócratas, Biden sí está en capacidad de ser el presidente de los Estados Unidos.

Tras semanas de presión de los republicanos por obtener la entrevista, la Administración Biden dijo que invocaba el privilegio ejecutivo para no revelar esa entrevista. Paradójicamente, tanto Bannon como Navarro también pidieron hacer uso del privilegio ejecutivo del que tenían derecho por haber sido asesores del expresidente, pero para ellos las reglas parecen diferentes.

El privilegio ejecutivo fue creado para garantizar a los asesores senior de un presidente que puedan dar consejos al mandatario sin preocuparse de que después esas conversaciones sean reveladas o usadas en su contra. El objetivo es que los asesores puedan hacer su trabajo sin restringirse pensando en que luego pueden ser acusados. Un asunto que llama mucho la atención es que si bien Bannon y Navarro sí eran asesores de un presidente, el fiscal Hur ni era asesor del presidente Biden, ni la entrevista en cuestión era sobre alguna asesoría de política pública. ¡Hur estaba investigando a Biden!

Pero aunque para muchos abogados la figura de privilegio ejecutivo claramente ni siquiera se aplica para la entrevista de Biden con Hur, la Casa Blanca decidió usarla y el Departamento de Justicia no tuvo ningún problema al respecto. Mientras que Bannon y Navarro vieron cómo su legítimo privilegio ejecutivo era pisoteado.

El viernes pasado, en una carta enviada por el Departamento de Justicia al speaker de la Cámara de Representantes Mike Johnson, se afirma que es una posición de larga data no procesar a funcionarios de la rama ejecutiva por no revelar al Congreso información sujeta al privilegio ejecutivo y que por eso el Departamento no procesará al fiscal general Garland tras ser hallado en desacato.

En tanto que el sistema judicial de este país ha tenido una larga historia de proteger a los servidores públicos y cuidarlos de posibles retaliaciones políticas, ignorando las declaraciones de desacato del Congreso, tal y como ocurrió en los casos de Barr y Holder, el asunto de no procesar a Garland no causaría mayor molestia si no fuera porque en los últimos meses el Departamento de Justicia de la Administración Biden parece haber roto por completo esa tradición, no solo llenando de investigaciones a Trump a tan solo unos meses de las elecciones, sino incluso ordenando prisión para dos de sus altos asesores.