Estados Unidos está listo para reimponer las sanciones petroleras a Venezuela luego de que el régimen de Nicolás Maduro no cumpliera con la ruta electoral pactada junto con la oposición en el Acuerdo de Barbados, firmado en octubre de 2023.
De acuerdo con la agencia Reuters, este próximo jueves expira la licencia temporal facilitada por la Administración Biden que alivió de forma considerable las sanciones petroleras, gasíferas y auríferas de Venezuela. Sin embargo, Estados Unidos, por el momento, no tiene planes de renovar la suavización de dichas sanciones.
Esto se debe a que después del Acuerdo de Barbados, el régimen de Maduro no cumplió con su promesa de respetar la ruta electoral de cara a las “elecciones” presidenciales del próximo 28 de julio. En primer lugar, el chavismo, a través de su Fiscalía y fuerzas represoras, recrudeció su persecución contra la disidencia, especialmente contra la líder opositora María Corina Machado, quien no ha logrado inscribirse en los próximos comicios debido a una inhabilitación injusta que pesa sobre sus hombros.
Machado, en vista de que las autoridades electorales no la dejaron inscribirse por la prohibición chavista, nombró a la académica Corina Yoris como su sucesora, pero el régimen de Maduro tampoco permitió su inscripción en el proceso electoral.
Asimismo, el partido de Machado, Vente Venezuela, está sufriendo una persecución draconiana a manos de las autoridades venezolanas.
Según un portavoz del Departamento de Estado, la única forma de que se renueve la licencia que alivió las sanciones contra Venezuela es que el régimen de Maduro haga progresos significativos en los compromisos pactados para que se celebren unas elecciones realmente libres y justas este año, una situación que se ve muy poco probable de aquí al jueves.
"En ausencia de progresos por parte de Maduro y sus representantes en términos de implementación de las disposiciones de la hoja de ruta, Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024", dijo el portavoz este lunes.
Justo este lunes, el Departamento de Estado también anunció que, por el contrario, sí renovará una hasta mediados de agosto protección para que la compañía venezolana Citgo Petroleum, con sede en Texas, continúe protegida de los acreedores que buscan hacer cumplir unas sentencias judiciales que exigen el pago de más de $20,000 millones en deudas.
De hecho, el anuncio de la reimposición de las sanciones llega justo después de que funcionarios estadounidenses y venezolanos se reunieran en secreto en México el martes pasado, en una cumbre poco productiva para ambas partes donde, según Reuters, hubo poco o ningún progreso para reducir las diferencias entre la Administración Biden y el régimen de Maduro.
El medio reportó que la decisión de no renovar la licencia actual no descarta la posibilidad de que Estados Unidos emita una nueva licencia más restrictiva para sustituirla, una potencial medida que llegaría después de que las exportaciones del crudo venezolano aumentaran en marzo a su nivel más alto desde principios de 2020.
No obstante, los funcionarios de la Administración Biden todavía deliberan la naturaleza del castigo contra el régimen de Maduro por no cumplir con los acuerdos electorales. Según Reuters, de hecho, se espera que unas potenciales nuevas restricciones sean menos fuertes con respecto a la política de "máxima presión" de la era Trump.
“Los posibles pasos que se están considerando seriamente serían permitir que Venezuela continúe vendiendo su crudo en los mercados mundiales, pero reimponer una prohibición sobre el uso de dólares estadounidenses en tales transacciones, lo que requiere que Venezuela cambie a otras monedas y amplíe los acuerdos de trueque y los intercambios, según personas informadas sobre las discusiones”, se lee en Reuters.
Asimismo, un grupo bipartidista del Senado instó al presidente Biden a que imponga sanciones individuales a los actores represivos de la dictadura chavista.
Además de la persecución contra Machado y Vente Venezuela, el chavismo también profundizó la represión contra periodistas, activistas por los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y otros partidos políticos.
